Perplejos, diezmados por el golpazo que les asestó el gobierno, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) le sacó aire al globo que había inflado por semanas. Declaró que algunos de los puntos del pliego petitorio podrían esperar hasta después del fin de los Juegos Olímpicos.
En la edición del 21 de septiembre de 1968, un Diario de circulación nacional publicó el repliegue discursivo del CNH, pero al mismo tiempo información sobre la efervescencia que emergió entre los jóvenes y las fuerzas del orden.
Hoy hace 50 años se publicó una noticia de hechos de violencia en zona norte de la Ciudad de México. “Lucharon granaderos y huelguistas; 200 detenidos más” fue el título de la nota de primera plana.
También se supo de la liberación de 192 personas, por parte de la Procuraduría General de la República. Y los descalificativos que, desde la Cámara de Diputados enfiló el legislador y catedrático universitario Octavio Hernández en contra del rector de la Universidad, Javier Barros Sierra.
En la crónica legislativa de Ángel Trinidad Ferreira se lee que Hernández acusó a Barros Sierra de inepto y de haber asumido ante el conflicto estudiantil “una pasividad que tiene muchos matices de delito y mucho de criminal”.
El reportero de la fuente política de un Diario de circulación nacional escribió: Se acalló la alharaca: las galerías –dominadas por las porras del PAN– enmudecieron. Dejáronse de oír silbidos, insultos, gritos. Cesó el estrépito, el “¡Uuuu!” que resonó casi constantemente durante las siete horas que duró ayer (20 de septiembre de 1968) el debate, mientras Octavio Hernández concretaba los cargos (contra el rector): toleró que en la biblioteca y en los seminarios de la Facultad de Derecho y de las demás escuelas, vivan, proliferen, medren y se desarrollen células conspiradoras que no son estudiantes y que substituyen los tratados de derecho, a cuyo amparo pretenden acogerse hoy, con bombas molotov.
Sobre el tema de llevar algunos puntos del pliego petitorio hasta el fin de los Juegos Olímpicos, es decir hasta el 27 de octubre de 1968, la información dice que los líderes del CNH habían declarado en ese sentido y aceptaron el diálogo por escrito con el gobierno y exhortaban a los estudiantes a cesar todo acto violento.
Pidieron al gobierno federal poner fin a la persecución contra los estudiantes y que el Ejército abandonara las instalaciones de CU. Y a los estudiantes, que no respondieran a las agresiones. Esos acuerdos fueron tomados por el CNH en las reuniones que tuvieron desde que el Ejército ocupó las instalaciones de Ciudad Universitaria el miércoles (18 de septiembre de 1968) en la noche.
Los 210 líderes del CNH se dividieron en grupos para tener sus reuniones en distintos rumbos de la capital y evitar ser detenidos todos juntos.
Víctor Payán y Fernando Aranzábal fueron los autores de la nota sobre los hechos violentos en el norte de la Ciudad de México, publicados hoy hace 50 años. La refriega fue entre estudiantes y granaderos. La información refiere que los primeros atacaron a pedradas y tubazos a los uniformados y éstos detuvieron aproximadamente a 200 personas.
Durante la madrugada, se lee en la información, desconocidos que se transportaban en automóviles sin placas de circulación dispararon armas de fuego contra la fachada de los edificios de la Preparatoria 4, en la calle de Observatorio 170, en Tacubaya, y del Colegio de México, que está (estuvo), en Guanajuato 125, colonia Roma (actualmente su sede está en Picacho-Ajusco).
De acuerdo con la declaración de Fausto Benítez Barajas, comandante del cuerpo de granaderos, cuando daba órdenes a sus subordinados había sido sorprendido por la espalda por cinco estudiantes –cuatro hombres y una mujer–, que lo jalaron hasta la puerta del edificio que está en la calle Instituto Politécnico 1848, donde lo despojaron del casco protector y le dieron un tubazo en la cabeza.
Benítez Barajas desenfundó su pistola y amenazó a quienes lo agredían, pero fue desarmado por ellos. Los subordinados del comandante detuvieron a unos 200 huelguistas.
El estado de Benítez Barajas se dijo, era “muy grave”. Los jefes policiacos capitalinos calcularon en más de mil 400 el número total de detenidos y comentaron que “las cárceles están repletas”. El licenciado Fernando Ortiz de la Peña, director de Investigaciones Previas de la Procuraduría del Distrito, dijo que en la tarde del 20 de septiembre de 1968 se empezaría a poner en libertad a todas las personas que, a juicio de los agentes del Ministerio Público que interrogan a los detenidos, no tienen responsabilidad. Acerca del ataque a tiros al Colegio de México el presidente y el secretario general de ese centro cultural dijeron haber contado más de 100 impactos de bala en la parte frontal del inmueble y que los proyectiles perforaron más de 30 vidrios de los ventanales.
Añadieron los denunciantes que varios peritos examinaron los impactos de proyectiles y coincidieron al afirmar que quienes hicieron los disparos portaban ametralladoras. Dijeron, además, que los veladores del edificio calcularon que el ataque duró entre dos y tres minutos. Expresaron su repudio a los “actos de terrorismo” y pidieron que las autoridades policiacas hicieran una investigación para determinar responsabilidades y castigar a los culpables. Al mismo tiempo, presidente y secretario general hicieron un llamado a profesores, investigadores y alumnos del colegio, para que “mantengan una actitud serena ante los acontecimientos”.
Los desórdenes ocurridos ayer (20 de septiembre de 1968) en la zona de Zacatenco fueron los más graves. Unos dos mil estudiantes partieron de allí, poco antes de las 12 horas. Pasaron frente a la Preparatoria número 9, donde se les unió otro numeroso grupo. Continuaron por la calle de Ricarte, a un costado del parque Deportivo 18 de Marzo, donde apedrearon un transporte de granaderos. Los policías solicitaron auxilio y minutos después llegaron a ese sitio otros vehículos policiacos, cuyos ocupantes se enfrentaron a los manifestantes, a los que persiguieron y dispersaron después de varias refriegas. Los estudiantes rompieron a pedradas los focos de los semáforos, para provocar congestiones de tránsito y lograr así retrasar la llegada de otros transportes de granaderos. Como a las 14 horas, unos tres mil huelguistas partieron nuevamente de Zacatenco en una segunda manifestación. En esta ocasión iban armados con varillas de acero, garrotes, piedras y bombas molotov. Ya habían avanzado unos 200 metros cuando llegaron nuevamente los granaderos. Los grupos se enfrentaron y pronto una nube de gas lacrimógeno cubrió la explanada de la dirección general del IPN, en Zacatenco. Fue entonces cuando ocurrió el ataque contra el comandante Benítez Barajas. Después de la pedrea y del lanzamiento de bombas de gas, los uniformados se dedicaron a detener a cuanta persona encontraban a su paso. Al revisar los vehículos que circulaban por esa zona, detuvieron también un automóvil de modelo reciente, con placas de circulación 742LQ, a bordo del cual encontraron gran cantidad de propaganda antigobiernista. En el vehículo viajaban Alonso Bustillos Alamilla, Guillermo Buitrón Sánchez y Guillermo Samperio Gómez, quienes quedaron detenidos en la decimotercera delegación. A tres diferentes horas del día, los estudiantes huelguistas pretendieron efectuar mítines en la plaza de La Ciudadela. En las dos primeras ocasiones fueron dispersados por los granaderos, sin que hubiera choques violentos, pero al final, en la última vez, los huelguistas hicieron frente a la policía y hubo pedradas, por un lado, y gases lacrimógenos por el otro. Hubo, por lo menos, una treintena de detenidos.
Vicente Méndez Rostro, director general de la Escuela Nacional Preparatoria, declaró que el Consejo Universitario tendrá que modificar el calendario escolar para aplazar los exámenes finales en esos planteles.
Según el calendario escolar vigente “es inoperante ya, por el actual estado de cosas”, dijo; los exámenes debían iniciarse el 23 de septiembre siguiente.
Mientras tanto, en una información oficial, la UNAM declaró que el rector, Javier Barros Sierra, no se había reunido con el Consejo Universitario para analizar la propuesta del secretario de Gobernación de devolver Ciudad Universitaria a las autoridades de la máxima casa de estudios, cuando éstas lo soliciten. Tampoco se había celebrado ninguna reunión de los miembros de la Junta de Gobierno.
En círculos allegados al Consejo Universitario se consideró difícil que las autoridades de la UNAM soliciten la devolución de las instalaciones que están bajo control del Ejército, mientras permanezcan detenidos funcionarios y maestros.
Méndez Rostro dijo que la modificación del calendario de las escuelas preparatorias “es necesario hacerla de inmediato”.
Agregó que sólo el Consejo Universitario tiene autoridad para efectuar el cambio. Externó su esperanza de que ninguna escuela preparatoria sea ocupada por las fuerzas federales. Afirmó que la Preparatoria número 8, de Mixcoac, está en manos de los estudiantes desde hace varios días, pero que éstos no han realizado ningún acto de violencia y están allí en forma pacífica “sin hacer siquiera mítines”. Coincidió con el rector Barros Sierra en que “la ocupación de Ciudad Universitaria fue una medida extrema que pudo evitarse”.