Advierte la Comisión Estatal del Agua que existe el riesgo de que se retiren los apoyos para su edificación, y dejen de fluir los recursos federales y del estado para su ejecución.
Habitantes del altiplano, quienes trabajan en la construcción de la presa “La Maroma”, están siendo afectados por la suspensión de la obra, misma que se vio detenida a pesar de los acuerdos establecidos con autoridades ejidales., luego de la suspensión que ejidatarios, incitados por personas externas, realizaron en la obra de ese embalse, así como en la de su acueducto, las afectaciones económicas se han dejado sentir para los pobladores, al verse interrumpida su fuente de trabajo.
Al respecto, el secretario técnico de la Comisión Estatal del Agua, Antonio Pérez Méndez, recordó que «desde el año 2013 empezaron a tramitarse los permisos con las autoridades del ejido denominado –coincidentemente- “La Presa, ubicado en el municipio de Villa de Guadalupe, así como con los involucrados en el proyecto”.
Dijo que este es un compromiso del Gobierno Federal y señaló que el destino original del agua, sería para riego así, como para consumo humano en la cabecera municipal de Matehuala y comunidades rurales de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y el mismo municipio de Matehuala.
Refirió que, desde entonces, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se dieron a conocer los alcances del proyecto y los beneficios, e incluso para contar con la anuencia de los pobladores, misma que fue otorgada por las autoridades ejidales de ese entonces.
Sostuvo que en las reuniones siempre participaron, aseguró, las Comisiones Nacional y Estatal del Agua, instancias que estuvieron presentes, junto a las asambleas ejidales en turno, para trabajar en la liberación de los predios para construir, tanto la presa como el acueducto, “una de las instancias presentes siempre, fue el ejido La Presa”.
El funcionario de la CEA afirmó que en varias de esas reuniones fueron ratificados los acuerdos para la construcción de la presa y el acueducto, “en todos los casos se han llegado a acuerdos de beneficio mutuo, mismos que han sido cumplidos por la autoridad, pero que en últimas fechas las autoridades ejidales actuales han querido desconocer por consejos externos, de gente que no es ejidataria”.
Consideró que, quienes tienen derecho a opinar son quienes tienen el título de ejidatario, “sin embargo, quienes han incitado a la manifestación no lo son y han logrado entorpecer los trabajos del acueducto, repercutiendo de manera económica a los lugareños, quienes han perdido su fuente de trabajo”.
Lo peor de todo es que se corre el riesgo de que se retiren los apoyos para la construcción, y dejen de fluir los recursos federales y del estado para su ejecución.