Hace unos días Andrés Manuel López Obrador nombró a los integrantes de su gabinete, algunos de ellos sumamente cuestionados de su actividad como funcionarios públicos.
Y también hace unos días Xavier Nava Palacios empezó a nombrar a sus colaboradores y a su gabinete para la presidencia municipal de San Luis Potosí, igual que López Obrador sin consultar a la población que le otorgó el voto.
Toman el papel de “mandarines” y no el de mandatarios de la entidad que para gobernar.
Desde el México independiente, en que se empezaron a realizar los primeros procesos electorales se acostumbró a la población que una vez emitido el voto debería de hacerse a un lado de las decisiones que tomaran los funcionarios; es por esto que a partir de 1821 en que se consuma la independencia se dieron una serie de revueltas que se agudizaron a partir de 1824 con las primeras elecciones y cuyos presidentes quisieron llevar al país hacia donde quisieron.
Esta determinación no es algo que haya quedado inscrito como tal: el que un gobernante en el México independiente adquiriera el estatus de monarca es decir que pudiera hacer y deshacer sin consultar al pueblo; por ejemplo desde entonces hasta ahora existe en el capítulo destinado a las atribuciones del poder ejecutivo ya sea federal o estatal y que éste libremente puede nombrar y remover a su gabinete y a sus colaboradores.
En el caso de nuestro Estado, la actual constitución política, en el artículo 80 en las fracciones XI y XII le permite nombrar libremente a su gabinete, esto dice textualmente la constitución vigente del Estado libre y soberano de San Luis Potosí como una de las muchas atribuciones del gobernador del estado:
XI.- Designar y remover libremente a los Secretarios de Despacho, así como a los demás servidores públicos del Estado cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por esta Constitución a otra autoridad;
XII.- Designar, con la ratificación de cuando menos la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado al Procurador General de Justicia y removerlo libremente;
Desde hace varios sexenios se ha empezado con la práctica de llamar gabinete legal y «ampliado», es decir salir del esquema preestablecido de la integración de un gabinete y ampliarlo para comodidad del propio ejecutivo.
La población, el votante, el que paga impuestos para sostener a la administración pública solamente es convidado de piedra ya que de ninguna manera muy directa ni indirectamente se le preguntó si estaba de acuerdo en los nombramientos.
Sin deseo de echar abajo o criticar una elección para Presidente de la República o presidente municipal, pero sí señalar que una vez que han sido investidos como titulares del poder ejecutivo, del poder legislativo en sus tres niveles tanto federal como estatal y municipal capaz, consideran que se les entregó «un cheque en blanco» o una «patente de corso» con la que pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana.
Hoy una buena parte de la población se quedó expectante y preguntándose en voz baja y en voz alta el porqué de cada uno de los nombramientos; y no sólo del poder ejecutivo Federal sino también de las diferentes presidencias municipales.
Esta actitud también la toman los diputados ya que no están al servicio del pueblo sino de muy diversos intereses y claramente lo demuestran en su trabajo como legisladores.