El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exige el cese de la simulación en la aplicación de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género y hace un llamado a las autoridades competentes para que garanticen en forma efectiva el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, así como el derecho al acceso a la procuración de justicia, a una investigación efectiva y a la verdad en los casos de feminicidios que se han registrado en el Estado.
A un año de la Declaratoria de AVG, exhortan al Gobierno del Estado a que rinda y haga público un informe sobre los trabajos realizados a un año de la emisión de la Declaratoria.
Señalan que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por INEGI en 2016, el 66.1% de las mujeres han enfrentado al menos un incidente de violencia en su vida, mientras que en San Luis Potosí el 39.2% han sufrido violencia de pareja durante su actual o última relación.
Con el antecedente del Informe Especial sobre la Situación del Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, en los casos de Feminicidios en el Estado que publicó la CEDH durante 2015, en el que se demandó atención inmediata de los casos relacionados con violencia contra las mujeres para que fueran prioritariamente atendidos y prevenir y evitar casos de feminicidios, la Secretaría de Gobernación emitió el 21 de junio de 2017 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tamuín, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala, en razón de que Gobierno del Estado no aportó elementos suficientes para el cumplimiento de las propuestas contenidas en el informe inicial elaborado por el grupo de trabajo designado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En esta declaratoria se dictaron medidas específicas de prevención, de justicia y reparación, así como acciones para visibilizar la violencia de género y emitir un mensaje de cero tolerancia desde el Poder Ejecutivo Estatal. Sin embargo, a un año de su emisión las acciones que se han emprendido no se han concretado en políticas públicas efectivas que prevengan la violencia contra las mujeres y los casos de feminicidio, pues en lugar de disminuir, las cifras de muertes violentas de mujeres han aumentado. Tan sólo en 2018 este organismo ha registrado 36 casos de muertes violentas de mujeres en el Estado, incluyendo los municipios que integran la AVG así como episodios de violencia feminicida en Rioverde y Ébano.
En este contexto, el Consejo ciudadano de la CEDH observa un desinterés reiterado por parte de las autoridades estatales y municipales para cumplimentar las medidas dictadas en la materia y se suma al comunicado emitido por la Mesa Ciudadana de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en el que señala que las instituciones han realizado acciones desarticuladas y parciales y que han sido incapaces de dar seguimiento puntual a las denuncias de víctimas, pues existen omisiones para decretar órdenes de protección que garanticen la vida de las mujeres, así como la ausencia de mecanismos estatales para coordinarse y actuar de manera conjunta con los municipios en los que se decretó la Alerta.
Cabe señalar que a nivel internacional dentro de las Recomendaciones formuladas al Estado Mexicano durante la segunda evaluación del mecanismo de Examen Periódico Universal (2013) se encuentra la de “Aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio” y “Responder a los desafíos que impiden la aplicación efectiva del Mecanismo de la alerta de violencia de género”.
En este sentido, instamos a Gobierno del Estado para que, en el diseño de los presentes y subsecuentes proyectos en la materia, se incluya la perspectiva de género en la ejecución y asignación del presupuesto, un sistema de indicadores para el monitoreo del cumplimiento, así como la puesta en marcha de los mecanismos de participación ciudadana para la evaluación de las medidas a implementar