La modernidad y el pasado han acabado reconciliados en torno al esplendor que tuvo Tlatelolco. En el sótano de una nueva plaza comercial, justo sobre la avenida Ricardo Flores Magón que divide la Unidad Tlatelolco y la colonia Guerrero, han sido restaurados los vestigios del antiguo Templo de Ehécatl, una estructura circular de más de 650 años de antigüedad y 11 metros de diámetro que formó parte del centro ceremonial tlatelolca.
La estructura, localizada en 2014 a tres metros bajo el nivel de la calle, pero anunciada hasta noviembre de 2016, será inaugurada oficialmente el martes próximo como una ventana arqueológica adyacente al sitio de Tlatelolco que se ubica a menos de 300 metros lineales. El espacio, de unos 300 metros cuadrados, ha quedado conformado como una especie de cámara a la que se ingresará por unas escalinatas desde la avenida, pero también podrá ser admirado desde el estacionamiento de la plaza comercial a través de ventanas de vidrio.
La del Templo de Ehécatl es una historia de éxito entre el patrimonio arqueológico mexicano y la industria inmobiliaria de la ciudad, muchas veces vapuleada. Para realizar el rescate de los vestigios se han debido conciliar los intereses de los investigadores mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los de la empresa Bufete de Desarrollo Inmobiliario (BDI), quienes optaron por entregar en comodato a perpetuidad el área donde se localiza la estructura prehispánica e invertir al menos 20 millones de pesos en la adecuación, de acuerdo con Armando Saucedo Hernández, director del proyecto Centro Comercial Plaza Tlatelolco.
Inicialmente nosotros teníamos planeado construir el centro comercial y no teníamos planeada esto”, dice durante un recorrido exclusivo con Excélsior. Saucedo afirma que en cuanto se proyectó la plaza y se compró el terreno (ahí estuvo antes el Centro Mercantil y después una tienda El Sardinero) se hicieron sondeos del suelo, pero la estructura nunca apareció, “no encontramos nada, los sondeos se hicieron en todo el terreno pero son siete mil 500 metros cuadrados aproximadamente y no le atinamos, entonces seguimos con la construcción”. En el lugar, los constructores siempre tuvieron la supervisión de arqueólogos del INAH debido a la proximidad con la zona de Tlatelolco, pero no fue sino hasta 2014 cuando “con el proceso de la construcción comenzamos a excavar y de repente nos encontramos una fracción de la estructura”. En ese momento los especialistas detuvieron el proyecto y se tuvo que modificar el plan original; Saucedo afirma que las modificaciones se realizaron al menos en cuatro ocasiones, conforme avanzaban las exploraciones arqueológicas y se iban extendiendo.
Los trabajos de rescate también fueron retrasando la construcción, al grado de que comenzaban a desesperarse; sin embargo, cuenta el gerente de construcción, Fernando Quiterio, el dueño de BDI (Lucio Pablo Gutiérrez Cortina) “siempre dijo para adelante, nunca dijo que no, la verdad es que no se hubiera logrado mucho sin la aportación de ellos, esto hubiera quedado tapado, enterrado”. Las diferencias, en todo caso, se dieron con el propio INAH con el que en todo momento debieron conciliar los constructores.
Tuvimos que trabajar en conjunto con el INAH que, la verdad no son fáciles, no son nada fáciles, pero hicimos muy buena mancuerna para poder salvaguardar esto, fue mucho de conciliación; por ejemplo, que nos permitieran los cristales por dentro del estacionamiento, porque no querían permitirlos, no los querían autorizar porque no querían mezclar lo comercial con lo cultural”, afirma. Mientras los trabajos arqueológicos avanzaban a su ritmo, los constructores debían moverse con sumo cuidado. En una ocasión, cuenta el arquitecto, incluso estuvieron a punto de llevarlo al reclusorio: “cuando recién lo descubrimos, teníamos una máquina por allá parada, el operador descansó el brazo de la máquina y la apoyó en un lugar donde apenas estaban explorando.
y se veía que había algo, lo pone a un lado y, tómala, truena un hueso, había un esqueleto de un entierro, ¡nombre! vino la gente de la zona arqueológica con las patrullas, nos cargó al operador, al residente y a mí como responsable; ese es un delito federal y es reclusorio, fue un tema que tuvimos que demostrar que fue sin intención, que fue un accidente”.