La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales en San Luis Potosí, ha recibido alrededor de 60 denuncias las cuales se encuentran bajo investigación para establecer cuales corresponden a la comisión de delitos de orden común o electoral.
En este sentido, Javier Montalvo Pérez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dijo que en las últimas horas se incrementó a 60 las denuncias que han sido presentadas pues se sumaron los acontecimientos registrados en los municipios de Tamuín y Aquismón.
Por lo pronto, dijo que se están integrando las carpetas de investigación respectivas, “hasta el momento van 60 denuncias las que se han presentado y para ello, se están estableciendo distintas líneas de investigación para llevarlas al juez de control”, agregó.
Explicó que “Primero se tienen que establecer, si las denuncias corresponden a la comisión de un delito de orden común o electoral, posteriormente se verifica a que competencia es la que se destinará para conozca del asunto y posteriormente para que resuelva. Además, se define bajo las líneas de investigación para establecer la competencia”, acotó.
El Fiscal Electoral, aseguró que no hay carpetazo, pues cada una de las denuncias están siendo atendidas y además se han turnado a las competencias administrativas para que se conformen en un archivo temporal a fin de conocer, si amerita establecer una sanción en base a la conducta que se establezca de manera inmediata.
“Se encuentran estas 60 denuncias analizándolas de fondo. Además no tiene nada que ver el desarrollo del proceso electoral para resolver las denuncias que se han presentado, pues se tienen que conformar todas las pruebas que en su momento se puedan hacer llegar al juez de control. Estamos agotando líneas de investigación para establecer si se corresponden a delitos del orden común o electoral para establecer un proceso”. Aclaro que los procesos electorales, no van empatados con los procesos jurídicos, aunque, ello no significa que se genere impunidad. Además, informó que las sentencias puede ser de una multa, la cárcel, la suspensión de los derechos políticos o la inhabilitación para ocupar cargos públicos.