Estados Unidos accedió a extraditar a su país al expresidente panameño Ricardo Martinelli para que enfrente ante la justicia acusaciones de corrupción y espionaje.
El secretario de Estado (Mike Pompeo) tomó la decisión de aceptar la extradición», dijo a The Associated Press Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli. «Estamos preparados legal y políticamente para enfrentar esto en Panamá», expresó en comunicación telefónica desde la nación centroamericana.
La extradición fue aprobada el 7 de junio y notificada al expresidente el viernes, explicó a la AP la abogada de Martinelli, Inna Shapovalov.
Martinelli, detenido en una prisión federal de Miami desde hace un año, había solicitado formalmente al Departamento de Estado que rechazara el pedido de extradición alegando que podría ser torturado si era devuelto a Panamá.
El pedido lo efectuó el 15 de mayo y el gobierno estadounidense tenía 60 días para tomar una decisión.
El Departamento de Estado no respondió de manera inmediata los mensajes de la AP.
Martinelli regresará a su país en momentos en que se aproximan las elecciones primarias en los partidos políticos para escoger a sus candidatos presidenciales para los comicios generales de mayo dl 2019, en los que por ley él no puede participar.
Según las acusaciones que fundamentan el pedido de extradición, Martinelli compró durante su presidencia equipos especiales a dos compañías israelíes para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de más de un centenar de personas, entre ellas opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración.
El exmandatario, que había solicitado asilo político en Estados Unidos antes de su detención en junio de 2017, niega esos cargos.
Camacho dijo que Martinelli podría ser enviado a partir del lunes, después de que Estados Unidos y Panamá coordinen los detalles.
Al llegar a Panamá debería presentarse ante las autoridades judiciales que lo reclaman y luego debería ser puesto en libertad, dijo el portavoz.
Pero no sabemos qué va a pasar. Eso es en teoría», agregó Camacho tras explicar que Martinelli no tiene orden de detención en su país.
Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años que gobernó entre 2009 y 2014, alega que las acusaciones son producto de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela, quien fue ministro y vicepresidente durante su gobierno.
Al confirmar en Panamá la carta diplomática estadounidense que notifica a la Cancillería la aprobación de la extradición de Martinelli, Varela subrayó que «este es un caso judicial y está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que es la que le toca a través de un juez de garantías… tomar sus decisiones totalmente separadas de cualquier injerencia de cualquier otro órgano del Estado».
A una pregunta Varela dijo que no va a especular sobre el impacto político que tendría el retorno de Martinelli, al tiempo que aseguró que a su otrora aliado electoral se le asegurarán todos sus derechos. «Este es un país que respeta los derechos humanos», dijo a los medios.
La abogada Shapovalov explicó que la extradición fue aceptada con la condición de que Panamá sólo enjuicie a Martinelli por las cuatro acusaciones incluidas en el pedido de expatriación.
El Departamento de Estado también pidió garantías de que Panamá no viole los derechos del señor Martinelli y cumpla con las salvaguardas humanitarias», dijo la abogada.
Por casi un año el expresidente disputó el pedido de extradición en los tribunales federales hasta que a fines de mayo notificó formalmente a una Corte de Apelaciones de Atlanta que no seguiría adelante con el proceso judicial y aceptaría ser repatriado si el Departamento de Estado así lo decidía.
Panamá solicitó la extradición de Martinelli después que el expresidente resolvió no presentarse a una audiencia judicial en su país en diciembre de 2015.