Durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció que los mandatarios estatales se pronunciaron por modificar el Sistema Penal Acusatorio y con ello evitar que más delincuentes sean regresados a las calles.
Sostuvo que la Conago, en conjunto con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acordaron promover -en el marco de sus facultades- que el Congreso de la Unión abra un periodo extraordinario de sesiones para tratar este tema y subsanar los vacíos legales que han permitido que personas que deberían estar en prisión, nunca lleguen a ella.
Se comunicó la necesidad de adecuar el nuevo Sistema de Justicia Penal para convertirlo en una herramienta jurídica normativa que cumpla con los alcances que la sociedad espera y lo que esperamos es que, para cierto tipo de delitos que se han convertido en una realidad que amenaza a nuestra sociedad, se otorgue la prisión preventiva oficiosa y justificada”, comentó Amieva.
El jefe de Gobierno sostuvo que uno de estos delitos es la portación ilegal de armas de fuego, ya que en la mayoría de la comisión de delitos salen a relucir, pero no es posible llevar tras las rejas a los responsables porque no se considera un delito grave.
También se refirió a la iniciativa de iniciativas, presentada por Miguel Ángel Mancera para reformar la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de que las acciones contra el narcomenudeo dentro o en las inmediaciones de los centros educativos, sean más firmes y contundentes.
Recuerden que cuando nosotros hacemos los operativos, muchas veces encontramos armas de fuego cuyo calibre no está reservado para las fuerzas armadas y sin considerar la peligrosidad y condiciones que cometieron el delito, no les conceden la prisión preventiva, entonces queremos que también estas personas estén”, indicó Amieva.
El mandatario capitalino reiteró que, en el tema del narcomenudeo, aunque actualmente la ley establece sanciones mayores para quienes comercializan estupefacientes a 300 metros alrededor de los planteles educativos, se buscar ampliar este radio a –por lo menos- un kilómetro.
También existe el planteamiento para que las penas por este ilícito aumenten de seis a diez años de cárcel, ya que actualmente son de cuatro a ocho años de prisión.