La tortura es un problema grave en el país y en San Luis Potosí, debido a que por estas prácticas ilegales un menor de edad perdió la vida en la barandilla municipal de Ciudad Valles este año y hay por lo menos 30 quejas más por esta misma situación en todo el estado.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa reconoció que han repuntado las quejas por aburo de autoridad por parte de las corporaciones policíacas, sobre todo de la Policía Ministerial del Estado.
Indicó que en este año les han llegado poco más de 30 quejas de presuntos actos de tortura, esto debido a que en el actual Sistema de Justicia Penal, los jueces están obligados a notificar este tipo de prácticas cuando en las audiencias se denuncien.
Agregó que específica-mente en Ciudad Valles se tiene un registro de seis quejas de detenciones arbitrarias pero ninguna de la magnitud de lo que ocurrió a mediados del mes de abril que dejó como saldo la muerte de un menor de penas 15 años.
De acuerdo a los hechos, José Antonio Flores de 15 años de edad, fue detenido junto con su acompañante, en un domicilio del municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí, en el que presuntamente habían ingresado sin permiso. Al detenerlos, los policías abrieron a patadas la puerta del baño, los tiraron al suelo, los patearon, los golpearon con los puños por aproximadamente media hora, para posteriormente taparles la cara con su propia playera y subirlos a la patrulla para llevarles por aproximadamente 25 minutos por la ciudad esposados y donde solo lograban ver un lugar “enmontado” donde nuevamente los volvieron a golpear.
Posteriormente, les subieron nuevamente a la patrulla para llevarlos a la Comandancia de la Policía Municipal de Ciudad Valles donde les quitaron la ropa para mojarles con una manguera a presión, luego recibieron descargas eléctricas en el área de las costillas, además les hicieron beber agua sucia y les obligaron a juntar las manos para echarles gasolina ordenando que se la untaran.
José Antonio Flores vomitaba mientras fue víctima de tortura por lo que a las 9:00 horas del 15 de abril fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles para recibir atención médica donde permaneció esposado y a pesar de la situación los ministeriales del Hospital General lo trasladaron al ministerio público ingresándolo a celdas ministeriales donde permaneció detenido por 7 horas informándoles que quedaría en libertad.
La Secretaría de Salud en su reporte médico indica que el menor de 15 años, murió de un edema cerebral, traumatismos múltiples, perforación en el intestino y golpes que recibió en la cabeza después de estar cuatro días en terapia intensiva.
De acuerdo al informe del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Naciones Unidas (ONU) hay corrupción en cárceles del país y confirma la existencia de tortura y la impunidad en este tipo de crímenes.
En el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país pero al mismo tiempo «reiteró que la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo han reconocido otros mecanismos internacionales».
Asimismo, el organismo de la ONU confirmó que «la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura fomenta su repetición» por el encubrimiento.
El subcomité especializado de la ONU resaltó que «la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura».
Asimismo, documentó que muchas personas privadas de libertad no denuncian la tortura y los malos tratos por temor a represalias.
El organismo mundial en la materia señaló su preocupación por «distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja, las autoridades y personal de los penales».
El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, «con el fin de que las víctimas hagan declaraciones autoincriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco».