Alrededor de 40 trabajadores despedidos injustificada-mente del Ayuntamiento capitalino se manifestaron en Plaza de Armas para exigir la destitución de la presidenta del Tribunal de Contención y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, por actuar a favor del municipio al no resolver los asuntos que llevan más de año y medio, y ser omisa ante las irregularidades.
El asesor jurídico de los trabajadores despedido injustificadamente, Carlos Garrigos Esparza dio a conocer que presentaron un recurso legal para que se anule la sesión ordinaria del Congreso del Estado donde se reeligió a Cervantes Gamboa como presidenta del TECA, la cual se encuentra en el Juzgado 8vo. de Distrito.
Abundo que este recurso se presentó en contra del Congreso del Estado por aprobar la reelección, contra el Gobierno del Estado y el director del Periódico Oficial del Estado, al ser omisos ante las irregularidades que se comenten.
“La presidenta del TECA ha frenado la impartición de justicia no está haciendo bien su trabajo, aquí los trabajadores me señalan que los cita a audiencias y las audiencias se suspenden, ya tienen año y medio y no ha habido ninguna resolución”, dijo.
Por su parte el afectado, Francisco Javier Aguilar García señaló que los funcionarios del Ayuntamiento hostigan a los trabajadores para correrlos o planear como hacerlo hasta falsificando documentos de supuestas renuncias.
“A los funcionarios que han falsificado los documentos, que han presentado renuncias falsificados con renuncias falsificadas, el Tribunal Estatal no ha dado vista al Ministerio Público por presentar ante presentar ante ese tribunal una falsificación de documentos de los trabajadores, y así son las anomalías que se han presentado, más que nada todo es para dañar a los trabajadores que ya tienen muchos años”, dijo.
Dijo que en su caso tenía 7 años trabajando en el Ayuntamiento capitalino y le había otorgado la base debido a un incapacidad por fractura que le ocurrió trabajando para el municipio, además que hay personas que estuvieron laborando hasta 30 años que han sido despedidas sin justificación.