En medio de cuestionamientos y acusaciones de simulación, el pleno del Senado aprobó esta madrugada la ley de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental que normará el pago de pautas publicitarias en medios de comunicación cuando las instancias o entes de gobierno busquen publicitarse.
Con 60 votos a favor contra 46 en contra, el Senado avaló esta ley con lo cual cumplió con el mandato de la Suprema Corte de Justicia que otorgó de plazo hasta el 30 de abril so pena de aplicar inhabilitaciones e incluso sanciones penales a los legisladores en caso de incumplimiento. El decreto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Senadores del PAN y PRD acusaron que se trata de una simulación pues contiene cambios mínimos que prácticamente dejan en los mismos términos esa legislación solo para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio de plazo hasta el 30 de abril para concretar esta ley.
Acusaron que se seguirá privilegiando a las televiso-ras y radiodifuso-ras, quien se han beneficiado de manera recurrente con el presupuesto público.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez acusó que se deja abierta la promoción de funcionarios públicos con cargo al erario.
Dijo que no hay un órgano autónomo que regule la designación de publicidad oficial y todo lo deja en manos de la Secretaria de Gobernación.
El PRI a través del senador Jesús Casillas defendió esta ley al considerarla “un buen esfuerzo” que permitirá generar la cultura de la transparencia y la fiscalización en la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, por lo cual lamentó que algunos legisladores la califiquen de manera peyorativa como “ley chayote”.
“Esta ley se puede ver como el vaso medio lleno o medio vacío y pareciera que lleva mala intención pero no es así, es un gran paso para la transparencia, por lo cual es viable y necesaria”, aseveró
En dicho dictamen se establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de elaborar un Padrón Nacional de Medios de Comunicación el cual será de acceso público para todos los medios de comunicación pero se aclara que el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos, es decir la dependencias gubernamentales.
“Todo ello, con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de Comunicación Social”, explica.
Esta dependencia también será la encargada de evaluar y planear los programas para dicha difusión de campañas gubernamentales, pero el dictamen no establece un tope de gastos para este fin.
Asimismo deberá informar bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el gasto y cumplimiento de los objetivos en materia de Comunicación Social, desglosado por dependencias y entidades.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará y fiscalizará los recursos públicos erogados además de que los entes públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, la información sobre los montos destinados a gastos de comunicación, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y campaña.
Si bien se menciona la posibilidad de imponer sanciones no establece cuáles, para quienes no cumplan con la presente ley.
“Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente”, establece.
La minuta establece que la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos de Estado y de los Tiempos Fiscales.
Los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para Tiempos Comerciales a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado y éstos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en noviembre pasado que el Congreso de la Unión tiene hasta el próximo 30 de abril para reglamentar este ley de propaganda gubernamental, debido a que había incumplido con la expedición de dicha norma, ordenada desde 2014.