En la entrega de recursos a Cd del Maíz, Sefin sólo cumplió con mandato del Congreso

  • José Luis Ugalde, se defiende de la acusación que le hizo Josefina Salazar, al precisar que sólo se destinaron los recursos que fueron gestionados por los diputados a los entes ejecutores de obras y por lo tanto, “no nos corresponde auditarlos o fiscalizarlos”

Ante los señalamientos de la diputada con licencia Josefina Salazar Báez en torno a que sería la Secretaria de Finanzas la encargada de destinar los recursos para realización de las obras que en su momento fueron gestionadas por los legisladores en favor de algunos municipios, su titular José Luis Ugalde Montes, dejó en claro que sería en todo caso la Auditoría Superior del Estado (ASE) la encargada de fiscalizar dichos recursos.

En este sentido, destacó que la Secretaría de Finanzas, no tiene facultades fiscalizadoras para revisar la utilización de los recursos, ni los avances en las obras, por lo cual dichos apoyos se atienden en la revisión y fiscalización que se hace de todo el presupuesto y esto corresponde exclusivamente a la  ASE de acuerdo a sus atribuciones.

Además, recordó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en su momento cumplió con un mandato legal plasmado en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2017 que fue aprobado por los propios diputados para distribuir la cantidad de 80.5 millones de pesos para inversión pública productiva, sin embargo, al no estar bien reglamentado, se pidió diversos requisitos para su aplicación.

Destacó que el artículo segundo transitorio del Presupuesto 2017, establecía que los proyectos debían cumplir con las reglas de operación según fuera su caso, por ello, “para entregar los recursos, los diputados que los gestionaran debían presentar los proyectos que cumplieran los requisitos y estuvieran aprobados por la entidad ejecutora”, acotó.

Ugalde Montes, insistió en señalar que la Secretaria de Finanzas, sólo cumplió con el mandato que fue aprobado por el Congreso del Estado, dentro del presupuesto 2017 y como tal, sólo se destinaron los recursos que fueron gestionados por los propios diputados a los entes ejecutores de obras y por lo tanto, “no nos corresponde auditarlos o fiscalizarlos, pues para ello, se cuenta con las facultades expresas de la Auditoria Superior del Estado, quien tendrá la responsabilidad de hacer los propio dentro de la fiscalización de la cuenta pública 2017 y en lo que se refiere a todo el presupuesto del Estado”, finalizó.