Lamenta Interapas que se intente desviar el fondo del asunto, que es la existencia de las tomas irregulares en los establecimientos de autolavado.
Ante señalamientos de que el asunto del autolavado “Trapazo” tiene una supuesta intención política, el Director del Organismo Intermunicipal de Agua Potable (INTERAPAS), Alfredo Zúñiga Herverth, señaló que el Organismo actúa con criterios jurídicos y comerciales y que no importa quien sea el dueño, sino el hecho de que se haga uso de una toma irregular que consume agua potable, sin pago de por medio, en un negocio que lucra con el líquido, “No es tema ni personal ni político y mucho menos con los señores Stevens; simplemente se trata de que paguen lo que es justo y han consumido, es un tema de responsabilidad social”, enfatizó.
De la misma manera, el funcionario afirmó que no ha sido INTERAPAS quien politice el caso, sino quienes han declarado al respecto “Me resulta increible que incluso, un diputado afirme que ‘Todo mundo en México se roba el agua’ y se justifiquen estas acciones” e insistió en que hay un procedimiento que se inicia cuando se revisan los pagos de los consumidores y se encuentran montos que no corresponden “Había meses donde se pagaban 2 mil pesos y a todas luces es algo ilógico”, por lo que se procedió a una inspección física y se encontraron estas tomas.
Cabe recordar que el Interapas detectó tres toma de agua clandestinas en sucursales de la empresa de autolavado Trapazo, la cual es propiedad de dos de los hijos del titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens Amaro y sobrinos de Hugo Stevens, vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción.
Los negocios propiedad de Leopoldo y Edgardo Stevens Pérez se localizan en la avenida Chapultepec, en la avenida Salvador Nava y la carretera 57.
Zúñiga Herverth agregó que hubo directivos de la empresa presentes cuando se ubicaron y descubrieron las tomas y detalló que el procedimiento que sigue es el cuantificar el agua que pudieron utilizar y entonces calcular el monto a pagar por los pasados 5 años, “Bajo las circunstancias y consumos promedio, podríamos hablar de 8 a 10 millones de pesos que tendrían que pagar”; sin embargo, se respeta el derecho de la empresa de presentar sus argumentos, para lo cual tiene 10 días hábiles a partir de que se llevó a cabo la revisión.
Finalmente, Alfredo Zúñiga destacó que desde mediados de noviembre de 2017, se implementó un programa de detección de grandes consumos morosos o irregulares y se les ha invitado a acercarse a regularizar sus cuentas, “Algunos se han ya acercado y conveniado y con otros hemos procedido para sanción y cobro, como en este caso” y concluyó al informar que ese programa ha detectado a 60 de estas cuentas y sobre las cuales ya se trabaja para recuperación de cartera.
