Dos artículos que se relacionan entre sí, publicados con unos días de diferencia en el diario Reforma, me han llevado a ocuparme de un tema que desde hace tiempo me inquieta. Me refiero al crimen organizado alrededor del narcotráfico, que comúnmente conocemos como “el narco”. Y específicamente a la forma en que ese narco, que pareciera volverse algo común y corriente en la vida de muchas comunidades, pudiera estar empezando a influir decisivamente, ya no solo en lo que se refiere a la tranquilidad de muchas familias o en su prosperidad económica, sino en aspectos tales como la política y los procesos electorales.
Se trata de un artículo de Francisco Robles, fechado el 29 de marzo de 2018 y titulado Paran a Ejército los amapoleros, y de otro de Jesùs Guerrero con fecha del 1 de abril de 2018 con el título de Presume Obispo pacto electoral con narco.
En el primero se narra que una brigada de militares acudió a Santa Cruz Yucucani, Municipio de Tlacoachistlahuaca, para llevar a cabo labor social, así como para erradicar sembradíos de amapola, habiéndoles impedido las comunidades (principalmente mujeres) que avanzaran a las plantaciones y argumentando que esa era la única forma que tenían para subsistir. El reportero presenta la información que en buena medida explica esto, al referir que, según el CONEVAL, la mayoría de la población vive en pobreza y el número tiende a aumentar: en 2010 el 88% de la población vivía en pobreza y para 2015, la proporción había aumentado al 91.6%.
La comunidad recibió de buena gana los servicios médicos y de registro civil que llevaba el 48 batallón de infantería, comandado por el General Alberto Ibarra, pero se negaron a permitir la destrucción de los plantíos. Santiago Sánchez, líder de la comunidad explicó que el gobierno no lleva a la región obras tales como un camino a Putla (Oaxaca) u hospitales y escuelas, sin lo cual, no hay opciones para salir adelante que no sea la producción de goma de opio que se cotiza entre 5 mil y 8 mil pesos el kilo. Así las cosas, es claro en este caso que el progreso (apenas significativo) solo puede provenir del crimen organizado y no de las oportunidades de la economía formal o de las instituciones del Estado.
El segundo artículo publica las declaraciones del Obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, en las que afirma que, en una reunión con líderes de una organización de narcotraficantes de la sierra, obtuvo su compromiso de abstenerse de asesinar candidatos en este proceso electoral, siempre y cuando se cumplieran condiciones impuestas a los abanderados partidistas.
Refiere el prelado católico la forma en que le envían “las comunidades” un helicóptero para poder llevar a cabo este tipo de reuniones, como la que nos ocupa, misma que se llevó a cabo, ni más ni menos que el viernes santo y en la que el Obispo Rangel agradeció a los narcos ¡que hayan restablecido la energía eléctrica a comunidades a las que se las habían suspendido, dado que albergan a algunos enemigos! Dice el hombre de la sotana “…Yo les explicaba a estas personas que -si bien- había enemigos en ese lugar, también hay ancianos, mujeres y niños y gracias a Dios les restablecieron el servicio…” O sea, el narco controla servicios públicos como la luz eléctrica en aquellas latitudes.
Y si no denotara un fenómeno por demás preocupante de descomposición social y de erosión de la autoridad establecida, movería a risa saber cuáles son las condiciones impuestas por los narcos a los candidatos ¡para no matarlos!
“…Uno, que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que en su lugar realicen obras para la comunidad, como una calle. La otra gran petición que hicieron es que los candidatos cumplan con lo que prometen, porque después llegan al poder y se olvidan de la gente. Y eso es lo que molesta…” O sea que, instalados en la completa ilegalidad, los narcos velan por el cumplimiento de las reglas electorales y por la actuación “ética” de los gobernantes, una vez que lleguen al poder. Un mundo bizarro en el que el obispo expone las razones que justifican sus actividades, de las cuales, aclara, no informa oficialmente a ninguna autoridad, pues “Yo soy el Obispo, soy el pastor, yo tengo el derecho de hablar con quien sea porque la Constitución no me restringe con quien debo hablar y con quien no, porque estamos en un país libre y se supone que democrático”.
No sé si esto sea el preludio de algo como aquello que llevó a Pablo Escobar a ser diputado electo mayoritariamente en un proceso democrático o una variante de este hecho reciente de ver a las FARC participando legalmente en las elecciones. Lo que sí celebro es que (por lo menos) el Secretario de Gobernación haya salido a jalarle las orejas al Obispo y a dejar claro que la ley no se negocia por nadie y con nadie… teóricamente, por lo menos. Sin embargo, leo apenas que el arzobispado apoya el proceder del mitrado. Así las cosas, a mi si me queda la duda que plantea el título de esta colaboración ¿A Dios lo que es de Dios y al narco lo que es del narco?.