El gobierno de San Luis Potosí, a través de la Contraloría General del Estado y sus respectivas dependencias y entidades, atiende puntualmente las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, tanto de ejercicios anteriores como del primer año completo revisado a la actual administración que es el de 2016, mismo que sólo representa el 1.28% de los 34 mil millones de pesos que fueron auditados y de los cuales ya hay un avance de 61 millones de pesos aclarados.
El Contralor Gabriel Rosillo Iglesias, dio a conocer que respecto de los ejercicios 2010 a 2015, se tuvieron identificadas observaciones por un monto acumulado de 2,732.5 millones de pesos, de los cuales de manera responsable e institucional se ha atendiendo, solventando a la fecha un monto aproximado de 566 millones de pesos.
Cabe señalar que, estas observaciones se han venido atendiendo, entregando documentación a la ASF y que aún se encuentra en análisis, de lo cual se tiene expectativa favorable de solventar en virtud de que la mayoría de las observaciones son de carácter administrativo y en su mayoría, se derivan de recursos no ejercidos al momento de la auditoría, pero que, finalmente se aplicaron a su destino.
Es importante mencionar que, de lo observado en 2016, ya fueron solventados 61 millones de pesos y el resto se encuentra en proceso de ser atendido.
En lo que respecta al primer año completo de la actual administración, 2016, la ASF determinó observaciones al Poder Ejecutivo por un monto de 436 millones de pesos, cifra 71% menor a la de 2015, y que sólo representa el 1.28% de los 34 mil millones de pesos que fueron auditados.
Es de destacar que, al gobierno del estado le fue fiscalizado el 76% del gasto total del 2016, al incorporarse por primera vez al universo auditado las participaciones federales, y que el monto observado representa solamente el 0.97% del gasto total que fue cercano a 45 mil millones de pesos.
Por otro lado, para el caso de nuestra entidad federativa, solo existe una denuncia penal por concepto de obra pagada no ejecutada por el Municipio de Tanlajás en el año 2012, con un monto irregular de 200 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.