La querella la presenta el Ayuntamiento capitalino, luego de los presuntos actos ilícitos que desplegó en la sesión del Congreso del Estado del pasado jueves, en donde anunció que tomaría las las instalaciones de la UAM
El diputado local José Luis Romero Calzada fue acusado ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de sedición y asociación delictuosa, por el Ayuntamiento de la capital la tarde de este martes, luego de que anunciara la toma de las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal.
Lo anterior lo manifestó el síndico Miguel Ángel Contreras Carrizales, quien expuso que la denuncia es por los delitos que se acrediten, toda vez que el legislador “está incitando, coordinando y dirigiendo a un grupo de personas al llamar al desorden, así como a la inestabilidad del Gobierno de esta capital”.
Lo anterior derivado de los presuntos actos ilícitos que desplegó en la sesión del Congreso del Estado del pasado jueves.
Esto no puede ser permisible en un Estado de Derecho, añadió, por eso se ha presentado la denuncia penal correspondiente, la cual se pide que sea tramitada con carácter de urgente porque está de por medio la gobernabilidad de una institución pública que pertenece a los potosinos.
El síndico Contreras Carrizales remarcó en que la investigación debe ser sin ningún sesgo político, sino exclusivamente legal. Entre los delitos en los que podría incurrir el diputado, sobresalen sedición y asociación delictuosa, pero esto lo determinará la autoridad competente.
Consideró lamentable que el diputado José Luis Calzada Romero use las instituciones de manera personal, políticamente y de forma sistemática y reiterada, sin embargo, “al tratarse ahora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al cual represento legalmente, es indispensable salir en defensa de sus intereses. En el caso de este legislador, en lugar de dedicarse a sus funciones parlamentarias utiliza los recursos públicos y que pertenecen al Poder Legislativo para intentar desestabilizar una administración pública, ya que incluso lo ha dicho de manera pública que él no va a permitir que se continúe gobernando”.
Por ello, la autoridad investigadora, en este caso la Fiscalía General del Estado, debe investigar estos hechos y castigarse de manera expedita.
