Microsoft y Gobierno de EU se enfrentan en caso que podría limitar las fronteras de Internet

¿Puede Estados Unidos obligar a Microsoft a entregar correos electrónicos almacenados en un servidor ubicado fuera del país? La Corte Suprema estadounidense se mostró dividida el martes al examinar este tema con importantes implicaciones sobre las fronteras de Internet.

Todo comenzó en 2013, con una orden de allanamiento para que el gigante informático entregara los contenidos de una cuenta de correo electrónico utilizada por un supuesto narcotraficante.

El problema es que Microsoft, que administra unos 100 centros de almacenamiento de datos en 40 países, tenía los datos solicitados guardados en Irlanda.

Microsoft se negó a cumplir la orden, argumentando que realizar una incautación en un servidor en Dublín era como ingresar a un domicilio en otro país.

La audiencia del martes ante el máximo tribunal de Estados Unidos marcó la última ronda de una batalla judicial de cinco años, sobre la cual la Corte Suprema debe pronunciarse antes del fin de junio.

De los nueve jueces, los conservadores Samuel Alito y John Roberts se mostraron afines al gobierno, en tanto los progresistas Sonia Sotomayor y Stephen Breyer parecieron inclinarse por Microsoft

El gobierno de Donald Trump llevó la disputa a la Corte Suprema luego de que Microsoft obtuviera sentencias favorables en tribunales menores y en la corte de apelaciones.

Microsoft insiste en que si los correos están almacenados en Irlanda, la agencia federal antidrogas DEA no puede forzarlos a entregarlos.

«Ese es un acto extraterritorial prohibido», dijo el abogado de la empresa Joshua Rosenkranz, y explicó que la Stored Communications Act (SCA, o Ley de Comunicaciones Almacenadas), se aplica a pesquisas en Estados Unidos.

ero el abogado del gobierno, Michael Dreeben, defendió una posición diferente, rechazando la idea de una «confiscación» en el extranjero.

La orden judicial requiere que Microsoft divulgue correos electrónicos bajo su control, donde quiera que estén, un acto que puede hacerse desde Estados Unidos con un técnico frente a su pantalla, explicó Dreeben.

La ley SCA, argumentó, «se centra en la divulgación, no en el almacenamiento».

El juez Alito fue sensible a este argumento, que Microsoft rebatió.

«Estos correos electrónicos tienen una presencia física. Están en un disco duro. ¿Se pueden mover? Sí. Pero las cartas también se pueden mover», dijo Rosenkranz.

Frente a esto, la magistrada Sotomayor sugirió esperar que el Congreso estadounidense vote la «Cloud Act» (Ley de la nube), una norma que renovaría la SCA, aprobada en 1986 y considerada desactualizada.

Este debate es seguido de cerca por dos partes enfrentadas: por un lado, los partidarios del interés superior de las investigaciones; por otro, las empresas tecnológicas que buscan proteger la vida privada de sus clientes.

Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, «cientos o incluso miles de investigaciones penales» están en juego.

El caso también aumenta el riesgo de «crear problemas internacionales» con países celosos de su soberanía, advirtió la jueza Sotomayor.

Según Microsoft, si permitimos la confiscación de correos electrónicos en el extranjero, nada impide que la policía extranjera exija datos almacenados en Estados Unidos.

Las revelaciones de Edward Snowden contribuyeron a darle un protagonismo especial al debate: el ex consultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) mostró en 2013 la existencia de un sistema de monitoreo global de las comunicaciones y de internet por parte de Estados Unidos.

Desde entonces, reina la desconfianza entre las autoridades federales y las empresas del Silicon Valley.

«Es importante una victoria en este caso para que la población mundial recupere la confianza en las firmas de tecnología estadounidenses», dijo la semana pasada el presidente de Microsoft, Brad Smith.

Entre los grandes grupos que respaldan a Microsoft están su gran rival Apple, los gigantes de la venta minorista en línea Amazon y eBay, los operadores de telecomunicaciones ATT y Verizon y el gigante informático HP.

La Unión Europea (UE), que Irlanda integra, quiso pesar en la disputa y envió un argumento a la Corte Suprema de Washington. Los datos digitales almacenados en Europa están bajo la ley europea, argumentó.

Microsoft dice que no se opone a entregar datos, cuando se solicitan según los canales apropiados.

Y recordó su diligencia para responder a una solicitud de las autoridades francesas después del ataque a Charlie Hebdo en enero de 2015. Aún más rápido pudo responder después del ataque en Westminster en marzo de 2017 en Londres.