Diputados federales de los tres organismos políticos acuden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la confianza de que se resuelva que este ordenamiento no es constitucional
La Diputada Federal por el Segundo Distrito, Erika Briones Pérez informó que ayer junto con sus compañeros legisladores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La legisladora potosina dijo que de acuerdo con los integrantes parlamentarios de las cuatro fuerzas políticas representadas en la Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior se integra plagada de violaciones constitucionales en diversos ámbitos, entre los que destacan:
Como el invadir la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas
La ausencia de facultades del Ejecutivo para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas
Briones Pérez aseveró que también la misma la reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta Ley, por ser contrario al principio de máxima publicidad. También argumenta la delimitación de atribuciones del Presidente de la República, en el marco del esquema de coordinación en la atención de una Declaratoria
Además que agrega la muy cerrada delimitación de conceptos político-electorales para la exclusión de la Ley y por último señala una delimitación de la Coordinación con el Ministerio Público en la atención de los delitos
Afirmó Erika Briones que los diputados de los cuatro grupos parlamentarios consideraron como un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras, aprobar la Ley de Seguridad Interior sin escuchar todas las voces que señalaron en su oportunidad los elementos inconstitucionales e inconvencionales, por lo cual se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga respetar libertades y derechos.
Manifestó que existe confianza tanto en ella como de sus compañeros diputados tienen confianza para que esta instancia admita el recurso legal y, después de un análisis exhaustivo, resuelva la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
Recalcó que en efecto es necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas; sin embargo, no es llevándolas a los extremos como se solucionará el problema de inseguridad en el país.
Erika Briones consideró que ahora es competencia de la SCJN determinar si el conjunto de la Ley y específicamente 28 del total de sus 34 artículos son válidos constitucionalmente, además de ser consistentes con el control de convencionalidad, al estar en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Agregó que esta demanda se suma y coincide con la visión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además argumentos que le corresponden al Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a Ia Información y los que señalaron un amplio sector de expertos y organizaciones ciudadanas.
Expreso que específicamente se reclama la invalidez de los artículos 1, 4 fracciones II y IV, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y segundo transitorio de la Ley de Seguridad Interior.
Señaló que a partir de que se recibió esta acción, la Suprema Corte designará un Ministro Instructor quien admitirá la demanda, determinará los trámites subsecuentes y preparará el proyecto de resolución.