Las 13 cajas populares en Jalisco impedidas de captar recursos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por insolvencia, potencial quiebra o por negarse a ser evaluadas registraron en sus arcas, hasta septiembre de este año, 842 millones 476 mil 351 pesos de ahorradores.
Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Condusef señala que si bien todas estas cooperativas tienen presencia en Jalisco, hay algunas que a la par se encuentran en Michoacán, Zacatecas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el listado destaca una entidad financiera ubicada en la Colonia Mezquitán Country, en Guadalajara, cuya captación es de 169 millones 65 mil 761 pesos. El reporte más reciente del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop) subraya que cuenta con siete mil 481 socios.
En el documento también se acentúa otra que opera en la Colonia Las Águilas, en Zapopan, y que aglutina 11 millones 330 mil 563 pesos. El Focoop indica que tiene 876 miembros.
Para Ignacio Román, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ante esta situación se debe cuestionar y revisar el marco regulatorio que produjo la Reforma Financiera que impulsó la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, pues uno de los objetivos de esta medida fue evitar irregularidades en este tipo de cooperativas.
Sin embargo, Román agrega que es necesario que el sector público apoye a este tipo de espacios. Resaltó que las autoridades deben vigilarlos y promocionar el pequeño ahorro en ellos, ya que hay algunos que ofrecen ventajas para las personas y compiten contra los grandes bancos.
Por otra parte, Martín Romero Moret, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), asegura que la ley que supervisa a las cajas populares las ha “desnaturalizado” para que operen con reglas prudenciales como si fueran bancos, cuando su naturaleza es distinta: educar en el ahorro y premiar con préstamos accesibles a sus ahorradores.
Explica que estos lugares fueron efectivos para ayudar a las clases populares a mejorar sus niveles de bienestar y no tuvieron ninguna supervisión gubernamental, que no debería ser dañina si se ajustara a su naturaleza. Comenta que la proliferación de fuentes de crédito ha disminuido su clientela, pero es recomendable ahorrar y pedir un crédito barato en uno de estos sitios.
Sanciones a entidades financieras
De acuerdo con el Buró de Entidades Financieras, entre enero y junio de 2017 se registraron cuatro millones 602 mil reclamaciones a sectores como bancos, aseguradoras, administradores de Fondos para el Retiro, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, entre otros.
En este apartado del Gobierno federal se destaca que en este periodo se aplicaron dos mil 806 sanciones que representaron un monto por 100 millones 440 mil 456 pesos.
En el primer lugar en quejas están los bancos, que tuvieron cuatro millones 542 mil 547. Sin embargo, las 549 sanciones les quitaron 22 millones nueve mil 542 pesos.
En el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofom E.N.R.), se reportaron cinco mil 464 reclamaciones y mil 729 sanciones que les quitaron 44 millones 863 mil 33 pesos.
Con respecto a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, conjuntaron 242 quejas y 137 castigos por los que perdieron 15 millones 81 mil 748 pesos.
Se disparan multas a cajas populares este año
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó 711 multas a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos desde 2012. De esta cantidad, 301 se registraron durante 2017.
Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Dirección General de Arbitraje y Sanciones de la institución indicó que los 711 procedimientos representan 61 millones 752 mil 307 pesos.
En el listado se señaló que entre las irregularidades detectadas están no rendir informes trimestrales de quejas relacionadas con la gestión de cobranza, no proporcionar información necesaria para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), no incluir las tasas de interés ordinaria y moratoria en los estados de cuenta, no enviar los contratos a las autoridades correspondientes para su registro y llevar a cabo prácticas que incumplen con la normatividad.
Por ejemplo, en la base de datos se reporta una multa por 129 mil 520 pesos contra una caja popular ubicada en la Colonia El Mirador, en Tonalá, por emplear modelos de contratos que violan la ley. Sin embargo, la misma cooperativa tuvo que liquidar otra sanción por 259 mil 040 pesos por negarse a modificar estos documentos.
El monto más alto por este tipo de irregularidades alcanzó los 280 mil pesos y fue para una entidad financiera que se localiza en San Sebastián del Oeste, Jalisco, por no cambiar los contratos. Le sigue otra instancia que se encuentra en la Colonia Guadalupana, en Guadalajara, a la cual se le requirieron 269 mil 160 pesos por no rectificar estados de cuenta y de esta forma no respetar el Artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El Artículo 97 de la Ley de Protección y Defensa de los Servicios Financieros señala que las multas deberán ser pagadas por la institución financiera sancionada 15 días hábiles después de la fecha de notificación. En caso de que no sean cubiertas oportunamente por los infractores se harán efectivas a través de la Secretaría de Hacienda.