María Cristina García Cepeda no cree que con la llegada de un funcionario nuevo ocurran cambios, tampoco que su paso por la Secretaría de Cultura deba dejar una impronta particular. Si continuidad fue lo primero que muchos pensaron cuando el presidente Enrique Peña Nieto la nombró en el cargo, a un año de su llegada a la dependencia no hay ninguna duda que ese seguirá siendo su camino. Maraki, como le gusta que le llamen, es una mujer que piensa que su deber es trabajar con lo que ya tiene, incluso está convencida de que los dos años que le toca estar en el cargo no son suficientes para pensar en otra cosa.
“Yo llego a la Secretaría de Cultura no para darle un sello particular, yo llego porque soy una servidora pública y vengo a potenciar los recursos con los que cuenta esta secretaría; en mi caso que llevo 40 años trabajando en el desarrollo cultural de nuestro país, en las diferentes instituciones que he tenido el honor de encabezar, nunca en mi mente ha estado darle un sello personal de Maraki o de María Cristina a mi trabajo. Yo sí creo que hemos impulsado nuevas cosas, (pero) no creo en que lleguen funcionarios y cambien las cosas”, dice la funcionaria a menos de 15 días de cumplir un año al frente de la recién creada dependencia.
Con los mismos argumentos que ofreció en julio pasado, cuando cumplió medio año en la institución, García Cepeda se defiende de las voces que opinan que su gestión no ha planteado nada nuevo: “A mí me toca, desgraciadamente por un problema de salud del propio secretario Tovar, a quien no le dio tiempo, me tocó desde luego hacer la estructura orgánica, hacer los nombramientos de los subsecretarios, del oficial mayor, pero después instalamos un consejo asesor(…) creo que me toca a mí consolidar la Secretaría de Cultura”. Y también vuelve a mencionar su programa La cultura A-Pantalla, que consiste en llevar transmisiones de espectáculos artísticos a las plazas públicas a través de pantallas gigantes.
A un año de que termine la actual administración, Maraki tiene entre manos una lista de proyectos que, más que novedades, son un ejercicio de continuidad. “Nos quedan 11 meses de trabajo, sería irresponsable de nuestra parte iniciar acciones y dejarlas pendientes para la siguiente administración, creo que el compromiso es actuar con responsabilidad, yo no podría iniciar…Rafael Tovar dejó obras de infraestructura, lo cual es muy plausible, pero Rafael Tovar estuvo casi 12 años al frente de Conaculta. Creo que las grandes obras de infraestructura tienen que plantearse al inicio de la administración para que se dejen concluidas, que se dejen operando y funcionando”.
La Reunión Nacional de Cultura, a realizarse en febrero; la puesta en marcha de Vales de Cultura, a partir de enero, en una versión modificada de como la presentó al Senado de la República en agosto pasado; la complementación del Sistema Nacional de Información Cultural; apoyos económicos para “la mejor distribución del cine mexicano” con contratos de distribución en el extranjero y a películas premiadas; el impulso a la producción de series de televisión; la restauración de 20 películas históricas; la realización de 15 encuentros regionales de beneficiarios Pacmyc y la realización de dos foros sobre los derechos colectivos en conjunto con el Senado. Eso es lo que habrá en 2018.
Maraki sigue leyendo de un engargolado las acciones con las que su administración cerrará el último año de la presidencia de Peña Nieto: algunas exposiciones y políticas de la agenda digital y de educación artística. Tampoco habrá presupuesto para más, pues si bien este año la cultura logró un aumento de casi 4% en relación con el año anterior, García Cepeda sigue achacando a la crisis mundial la necesidad de ceñir el gasto.
“Los recortes fueron generalizados, cuando hay una crisis o una necesidad de austeridad en un país, como ha sucedido en el nuestro, por diferentes causas: por la baja en el precio del petróleo, por la situación en el mundo, hubo recortes a todo el gobierno, no nada más en Cultura, pero yo quiero reiterar que sí hay una voluntad y una decisión del presidente Enrique Peña Nieto de apoyar el sector cultural, porque el hecho de la creación de la secretaría es un hecho histórico, es atender un reclamo de la comunidad artística desde hace muchos años. Creo que ha sido un paso fundamental”, dice.
LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Maraki tampoco está de acuerdo cuando se le propone ser “la secretaria de la reconstrucción”, aunque el destino le ha puesto en el que ha sido calificado como el reto más grande que ha enfrentado México en materia de recuperación del patrimonio. La funcionaria asegura que “no habrá favoritismos” en la asignación de contratos y que la recuperación de los mil 821 edificios históricos y zonas arqueólogicas dañadas por los sismos de septiembre pasado, será “un trabajo profesional, responsable y totalmente transparente”.
Los primeros 300 edificios con daños menores serán entregados a finales de enero completamente restaurados, y piensa que al término de su administración podrá entregar otros mil o mil 100 monumentos. “Estamos hablando de un 70% que podríamos estar entregando, pero éste es un trabajo que requiere y rebasa a la actual administración; estamos pensando que en el segundo semestre de 2020 pudiera estar restaurado la totalidad del patrimonio”.
Para llevar a cabo los trabajos se evaluó que se necesitarán unos 12 mil millones de pesos, por ello se han solicitado seis mil 500 millones de pesos al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales y tres mil 500 millones más podrían llegar a través de los seguros con que cuenta el INAH; el resto, dice la funcionaria, llegará de las donaciones que se han hecho y serán manejados a través del fideicomiso Vamos México, tras previa conversación con el Consejo Coordinador Empresarial.
“Tenemos además el ofrecimiento de España, de Francia, de Italia, de Hungría, de adoptar ciertos inmuebles, están muy interesados de aportar no sólo asesoría, sino también mano de obra y recursos técnicos y en especie para los inmuebles que forman parte del Patrimonio Mundial, como son los 16 conventos del siglo XVII, todos están dañados”. El hecho de que todo será transparente, dice, será garantizado por un comité ciudadano que ha sido integrado por Federico Reyes Heroles, Roberto Meli, Francisco Serrano, Xavier Cortés Rocha y Bolfy Cottom.
“NO SE SUBIRÁ A LA PIRÁMIDE”
La solicitud de autorización del concierto que ofrecerá Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichén Itzá el 3 de febrero próximo, fue de la propia secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. “Aquí no hay ninguna instrucción superior, no hay una decisión de nadie; Manzanero ha platicado conmigo y me dice: ‘querida amiga, quiero cantarle al mundo y quiero mostrarle al mundo la riqueza, no de mi música sino de este patrimonio y quiero que me permitan cantar frente a Chichén Itzá (…)’. Me parece una petición totalmente válida y que la Secretaría de Cultura debe apoyar, porque no se afecta el patrimonio, porque no hay detrás de esto ningún sentido comercial ni de lucro”, dice la funcionaria.
Personalmente, García Cepeda solicitó al INAH “que se gestionara y se diera la autorización” para el recital. Maraki asegura que con el concierto no habrá afectaciones en la zona arqueológica, “no se está subiendo a la pirámide”, y que no existe interés comercial en el acto, aunque, hasta ayer, desconocía que los boletos para asistir al concierto se venden entre 500 y 14 mil pesos a través del sistema Ticketmaster. Pero incluso para ello la funcionaria tiene una justificación.
“Confieso que no estaba enterada del precio de los boletos, pero yo tendré que hablar; a lo mejor ese concierto se puede transmitir en vivo y hacerlo llegar (…) el propio Manzanero no puede producir esto, la gente desconoce lo que cuesta producir un espectáculo de esa naturaleza”, agrega.
En noviembre pasado, el Consejo de Arqueología aprobó la presentación del cantautor en Chichén. Desde que Manzanero dio a conocer sus pretensiones, investigadores del INAH se opusieron al recital, argumentando que el uso de las zonas como escenario para conciertos no está contemplado en la legislación mexicana. Los académicos han pedido que la Suprema Corte decida el caso.