Preocupantes los niveles de inseguridad en el país: JPR

El vocero de la Arquidiócesis Potosina, Juan Jesús Priego Rivera externó el comunicado que realizó la  Comisión Episcopal para la Pastoral Social, en el que enfatizan la necesidad de disminuir la velocidad y la inseguridad, pues dijo que existe una gran preocupación por los niveles de violencia que hay en el país.

Dicho comunicado señala que “Nuestra  preocupación la expresamos en la exhortación pastoral “Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna”. Después de hacer un análisis y un discernimiento pastoral del momento, hicimos pública nuestra visión cristiana acerca de los orígenes de la violencia y la inseguridad y propusimos una serie de caminos que impulsaran la construcción de la paz, de acuerdo a los más diversos contextos en las diferentes regiones del país”.

Y añaden: “Lamentamos mucho que las cosas no han mejorado hasta el momento presente y ahora nuestra preocupación es mayor. Desde que el gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico, informaciones fidedignas señalan que se han contabilizado en el país 174 mil homicidios dolosos”.

La escalada de la violencia ha ido en franco ascenso, aún y cuando las cifras oficiales no reflejan totalmente la situación, es notorio el espectro de muerte y otras violencias no denunciadas que se ciernen sobre nuestra nación así como el duelo prolongado que se vive en nuestras familias ante las desapariciones,  tanto denunciadas como no denunciadas.

De una forma especial, ha sido extremadamente útil la escucha atenta del dolor y sufrimiento de nuestro pueblo para comprender que la situación del país se ha complicado de manera grave y que no se avizora una salida a esta otra crisis humanitaria que se vive en muchas regiones y que resulta igual o más dolorosa que la crisis humanitaria que se está viviendo a partir de los sismos de este año.

Los factores que contribuyen a la violencia y a la inseguridad, siguen vigentes y, aún más, se han endurecido, entre ellos la corrupción, la desigualdad, el desempleo, la impunidad, la ineficaz procuración de justicia, el abandono al campo, entre otros. Por otra parte, la violencia y la inseguridad ya se han extendido a casi toda la geografía nacional y algunas de nuestras ciudades forman parte del elenco vergonzoso entre las más violentas del mundo.

 “Nos preocupa humana y pastoralmente que esta situación está empeorando cada día y por ello interpelamos a todos, a las autoridades y a los ciudadanos. Como Iglesia católica también nos sentimos interpelados y, por eso, los obispos levantamos nuestras voces para urgir a la responsabilidad de todos, ya que cuanto más tarden las soluciones de fondo a la situación de violencia y de inseguridad, será más difícil avanzar  hacia una auténtica paz”.

Hoy se requieren acciones legislativas que, en un paquete con visión integral, marquen una ruta crítica para resolver las causas, pero también eviten la permanencia de políticas como la de la presencia de las fuerzas armadas en funciones policiacas y logren un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en orden a establecer estructuras nacionales, estatales y  municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos. Decisiones basadas en acuerdos que lleven a formas de corresponsabilidad y complementariedad y que darán un mejor resultado que las decisiones tomadas desde una perspectiva parcial. Avancemos ya hacia tener instituciones que, con capacitación, coordinación y equipo cualificados, provean nuestra seguridad interna, para así dejar al ejército en su función de seguridad nacional. Conectado  con ello, una realidad urgente de atender se encuentra en los Centros de Readaptación Social, que siguen teniendo resultados sociales contraproducentes y con reiteradas violaciones a derechos y para los que es urgente, una reorientación profunda. Unido a esto está el tema de la corrupción en los ministerios públicos, cuya actuación dista mucho de responder a la necesidad social de procuración de justicia.

Asimismo dijo que urgente que el Estado intervenga con eficacia ante el avance de las dinámicas de violencia que se han desatado en el país, atendiendo a sus causas y factores de riesgo para desactivarlos, buscando caminos y procesos de transformación. Un aspecto que requiere ser atendido de fondo es la corrupción pública que ha favorecido a las organizaciones criminales y a sus acciones ilegales y violentas.

Por otra parte, se necesita promover una mayor responsabilidad ciudadana en este tema, tanto contribuyendo directamente a través de acciones desde los diferentes ámbitos de la sociedad como urgiendo a los gobiernos para que asuman sus propias responsabilidades. Desafortunadamente hay una sociedad civil fragmentada y dispersa que no ha tenido capacidad de incidir lo suficiente, ni en lo social ni en lo político, para canalizar los esfuerzos de la sociedad hacia procesos que contribuyan a la construcción de la paz y la cohesión social, finalizan.