A raíz de los sismos del mes de septiembre, el Gobierno federal y distintos gobiernos locales de las entidades que fueron más afectadas por los mismos movimientos telúricos, tienen una bomba de tiempo que proviene del malestar de cientos de personas en la zonas urbanas que perdieron su patrimonio a raíz del evento natural, y que ahora buscan responsabilizar de sus pérdidas; a constructores, vendedores y hasta las mismas Administraciones.
Es claro, que los que menos ayuda podrán tener son quienes sus viviendas estaban valuadas por arriba del millón de pesos; a quienes los gobiernos les ofrecen créditos sin intereses, para empezar de nuevo con la adquisición o construcción de su hogar. La gran mayoría de afectados no entiende que el sismo –con sus asegunes muy particulares—, es un hecho fortuito y no imputable a nadie, ni siquiera a la autoridad.
Perder la vivienda a causa de un sismo y ser restituidas todas con dinero público, no es el camino; pues hay quienes pierden su patrimonio incluso por otras causas como la delincuencia, sentencias judiciales inmorales y más; y la gran mayoría de las veces no hay más que empezar de nuevo o estancarse.
Hoy lo que se busca es empujar y en consecuencia aprobar una Ley sobre Contrato de Seguros para Vivienda, que por default, incluya la cobertura contra sismos y los daños por inundaciones.
Los seguros contra daños en bienes inmuebles son tan específicos como sus cláusulas mismas, pero sin que se enuncien daños por temblores o efectos pluviales y fluviales, deberían de ser cubiertos.
En todo el territorio nacional, solamente el 3 por ciento de las viviendas estás asegurado contra el 55 por ciento de automóviles que registra la cobertura más cotidiana.
Aún no se conoce el desenlace de las demandas de muchos damnificados por los sismos de septiembre a quienes no se les regala dinero con un sistema de tracto sucesivo y en tarjetas de débito; y por el contrario se les ofrece un monto a pagar sin interés; pero en un número importante de ellos demandan restitución de viviendas con pago cero de parte del damnificado.
Estamos claro, en tiempo de campañas electorales y prometer algo difícil de cumplir porque además sentaría un precedente importante, es peligroso pero tentador.
Por su parte, las aseguradoras, hacen cálculos del beneficio económico que lograrán de ser aprobada una ley que obligue a tenedores de casas, a contratar un seguro, sí o sí.
Acta Divina…La LXIII Legislatura del Senado, trabaja arduamente en las modificaciones al contrato de seguros contra daños como herramienta de prevención.
Para advertir… No está mal proteger el patrimonio. Pero ahora para proteger la vida parece que también el gasto corre por nuestra cuenta.