El Gobierno de Estados Unidos declaró hoy que, tras un «análisis cuidadoso y exhaustivo» de los hechos, «está claro» que la violencia y abusos contra los rohinyás en Birmania (Myanmar) constituye una «limpieza étnica».
Así lo afirmó en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien visitó Birmania la semana pasada.
El Gobierno y las fuerzas de seguridad de Birmania deben respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras y responsabilizar a quienes no lo hacen», sostuvo Tillerson.
Estados UnidosU había evitado hasta ahora calificar de «limpieza étnica» la «devastadora crisis» en el estado de Rakhine y las «horrendas atrocidades» que se han producido, y descartado imponer sanciones a Birmania.
No obstante, Tillerson advirtió hoy de que «los responsables de estas atrocidades deben rendir cuentas».
El Gobierno del presidente Donald Trump continúa apoyando una investigación creíble e independiente y también perseguirá la rendición de cuentas a través de la legislación de Estados Unidos, incluidas posibles sanciones específicas, afirmó Tillerson.
622 mil rohinyás han huido a Bangladesh por la crisis.
Más de 600 mil rohinyás se encuentran refugiados en Bangladesh después de que Birmania emprendiera una operación militar contra esa minoría musulmana tras morir en agosto una decena de uniformados en un ataque del llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA).
Birmania y Bangladesh comenzaron hoy en Naipyidó una reunión de dos días en la que ambas partes esperan un acuerdo sobre los 622 mil refugiados rohinyás.
La jefa de facto del Gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Mahmud Ali, manifestaron por separado antes del inicio de las reuniones que confiaban en poder sellar un memorando de entendimiento en Naipyidó que permita empezar la repatriación.
Amnistía Internacional (AI), al presentar este martes un informe en Bangkok, acusó a Birmania de imponer un régimen de ‘apartheid’ a los rohinyás y denunció que este sistema institucionalizado de discriminación constituye un crimen contra la humanidad.