El incremento de 8.32 pesos al salario mínimo viola la Constitución debido a que el nuevo monto de 88.39 pesos diarios no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, afirmó la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).
La agrupación exigió al Congreso de la Unión la desaparición de la actual Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), para “sustituirla por un órgano con capacidad técnica, transparente y con gobernanza democrática, que se apegue a los principios constitucionales”, estableció en un comunicado.
Incrementar en 8.32 pesos el monto del minisalario, a partir de diciembre, nuevamente viola la Constitución y condena a los trabajadores de menores ingresos a vivir en pobreza.
El nuevo monto es totalmente insuficiente porque no cubre siquiera el costo de la canasta básica para una persona. El incremento de este año debió ubicarse al menos en $95.24 tal y como lo propuso la Coparmex”, estableció la organización ACFP.
Se detalló que el incremento anunciado por el Gobierno Federal, a través de la Conasami, es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos, como lo establece el artículo 123 de la Constitución.
ACFP argumentó que la percepción mínima no puede ubicarse por debajo del umbral usado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para medir la pobreza.
El costo de la canasta básica para una persona es un límite mínimo, indispensable, el monto del salario mínimo debe estar por encima de ese monto. Y gradualmente debe llegar al monto suficiente para una familia”, se destacó.
De esta forma, la agrupación, formada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, exigió al Gobierno federal una nueva revisión para ajustar el mínimo al costo de la canasta básica a partir del inicio de 2018.
Iniciar la Recuperación Gradual del Salario en abril de 2018, para que sea suficiente para que quienes trabajan no vivan en pobreza, con un plan multianual de ajuste hasta alcanzar el nivel previsto en la Constitución”, planteó ACFP en su comunicado.
La agrupación realizó un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a actuar, en el marco de sus atribuciones, para evitar la violación a la Constitución.