La constructora brasileña Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de ese Principado.
La información, publicada ayer por El País, afirma que los investigadores del caso barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes, entre los que se cuentan funcionarios, abogados y prestanombres de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina, que abrieron cuentas secretas en la BPA para recibir sobornos millonarios de la constructora.
Según la información periodística, la BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht.
Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades offshore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Además de que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias.
Siguen la pista del dinero
Mientras el vicepresidente y director global de Cumplimiento de Odebrecht, Michael Munro, advierte que para la compañía muntinacional es una necesidad “esencial” revelar la “verdad total” sobre los hechos de corrupción en una decena de países, Perú, Ecuador y Panamá siguen dando pasos firmes para desenmarañar la red de ocrrupción que benefició a altos funcionarios.
Es el caso de Panamá, cuya fiscal anticorrupción, Zuleika Mooreque, reveló ayer que la “estructura criminal” que operó en el país para cobrar dádivas a Odebrecht fue encabezada por dos hijos del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), varios de sus ministros, su ex candidato presidencial José Domingo Arias, así como el bufete de un actual diputado oficialista y otro colaborador del gobernante Partido Panameñista.
Entretanto, los fiscales de Perú prevén interrogar en Brasil a Marcelo Odebrecht por la posible implicación de los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (2006-2011), así como la líder de la oposición Keiko Fujimori.
Por su parte, el fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, dijo ayer que el vicepresidente Jorge Glas y el ex contralor general recibieron 13.5 millones y 10.1 millones de dólares en sobornos, respectivamente, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.