Dentro del corredor de la muerte en la penitenciaria de Huntsville en Texas, los oficiales observaron la lista de los próximos a ejecutar con inyección letal. Todo estaba preparado para recibir a Rubén Ramírez Cárdenas, un mexicano de 47 años oriundo de Las Delicias, Guanajuato, que violó y asesinó a su prima en 1997 en la comunidad de Edingburg, ciudad cercana a McAllen.
La aguja y las toxinas tenían su nombre incrustado. Rubén no tuvo última cena pero sólo quiso ver a su madre. Pronunció algunas palabras antes de recibir la inyección letal.
«No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré por justicia, pueden contar con ello», dijo con la boca reseca y un poco de aliento.
Eran las 22: 26 horas. Rubén sintió el recorrido de un líquido en sus venas que le quitaba la vida poco a poco. A pesar de la lucha del gobierno mexicano para evitar su ejecución, las autoridades texanas lograron su cometido: defender sus ideales y hacer «justicia» a través de la pena capital.
De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Ramírez discutió con su prima hermana de 16 años, Mayra Rodríguez, un día antes del asesinato, quien se negó a guardarle un paquete con marihuana y eso desató la furia de Rubén. La noche del 22 de febrero de 1997, Ruben entró por la ventana al cuarto de su prima, la sacó de ahí y la arrastró hasta el coche de su amigo Tony Castillo. La hermana de Mayra, Roxana, presenció el secuestro.
«Yo no planeé hacer eso, pero estaba drogado con cocaína». Ramírez llevó a Mayra a un terreno baldío a las afueras de Edinburg. Allí violó a su prima, la golpeó brutalmente y la estranguló hasta asesinarla. Después Tony y Rubén arrojaron el cuerpo a un canal de riego a unos 16 kilómetros de distancia de su hogar.
Cuando los padres de Mayra se percataron que desapareció su hija llamaron a la Policía, en ese momento su pequeña hermana relató que Rubén entró durante la noche. Ramírez y Tony se entregaron voluntariamente a las autoridades para confesar el homicidio.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante el interrogatorio se violaron los derechos del connacional bajo los estatutos del Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963, el cual estipula que los reos extranjeros deben recibir ayuda y asesoría de las autoridades consulares de su país de origen.
Durante 11 horas, Rubén no tuvo acceso a un abogado. Un juez lo sentenció a la pena capital, mientras que a Tony Castillo a 25 años de prisión. A pesar de las cientos de apelaciones para detener la muerte programada, el gobierno de Texas hizo caso omiso a las recomendaciones y acciones jurídicas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó la ejecución de Cárdenas y envió sus condolencias a los familiares. Este es el quinto caso de un mexicano condenado a la pena de muerte en Texas.