La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara llegaron hoy al Tribunal Supremo para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación, al amparar la declaración de independencia de esa región española el pasado 27 de octubre.
La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Pablo Llarena comenzará a partir de las 8:30 GMT, después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas.
El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según la Justicia española.
Aplazan la comparecencia de Carme Forcadell y cinco diputados
A las puertas del Supremo esperaban alrededor de un centenar de periodistas y un grupo de diputados y senadores catalanes que han acudido a apoyarlos, junto a los que había un grupo de personas contrarias a la independencia de Cataluña, que fueron desalojadas.
Forcadell, como presidenta del Parlamento catalán, permitió el pasado día 27 de octubre que la Cámara regional aprobara una declaración unilateral de independencia, pese a las advertencias de los letrados acerca de su ilegalidad.
También consintió con anterioridad la aprobación de otras leyes para poner en marcha la secesión, como la ley de referéndum, con la que el Gobierno catalán convocó la consulta independentista del 1 de octubre, o la llamada ley de transitoriedad, que pretendía convertir a Cataluña en una república.
La Fiscalía les acusa de persistir «en su conducta de radical oposición a la Constitución» y de desoír las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara para admitir a trámite las leyes «siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad».
Y cree que el «fin último de todos sus actos» era la declaración secesionista y que éstos finalmente «permitieron culminar todo el proceso para proclamar la independencia de Cataluña».
La comparecencia de este jueves se produce después de que ayer el Tribunal Constitucional (TC) anulara la declaración de independencia y denunciara por desobediencia a sus sentencias a Forcadell y a los miembros de la Mesa que permitieron aprobar las leyes secesionistas.
Por los mismos delitos se encuentran en prisión provisional ocho antiguos miembros del Gobierno catalán, por orden de la Audiencia Nacional española, entre ellos, el exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras.
Además de las medidas cautelares que pueda decidir hoy el juez Llarena, hay una segunda cuestión que debe dilucidarse en este proceso, aunque no sea de manera inmediata, la posibilidad de que el Tribunal Supremo reclame para sí parte o todo este caso del secesionismo catalán, lo que podría afectar a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los políticos catalanes.