Tal parece que todo viene en cascada, no salimos del sismo que azoto a la Ciudad de México y otras regiones del país que aún nos mantiene conmocionados, cuando sorpresivamente se separa del cargo de Procurador General de la República el Senador Raúl Cervantes, apenas estábamos asimilando la noticia y, atizándole con leña verde al fuego, se presenta la desafortunada destitución del titular de la Fepade.
La decisión del Subprocurador Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho por ministerio de ley de cesar en forma fulminante al Fiscal Electoral Santiago Nieto, que había sido ratificado por el Senado de la República en 2015, viene a abrir heridas y provocar desavenencias que no estaban contempladas en la agenda de la ya de por sí fragmentada Cámara Alta.
Hay varios ángulos a contemplar en relación a esa determinación, pues desde el punto de vista jurídico tiene sus bemoles, que van desde las cuestionadas facultades del encargado del despacho, hasta la aplicación de la sanción más alta que puede sufrir un servidor público por presuntas faltas al código de conducta, que sin duda, el castigo es excesivo.
Por otra parte, los resultados saltan a la vista, pues desde la perspectiva política viene a sumar otro escándalo más, erosionando y sometiendo a uno de los poderes más importantes del país a un innecesario conflicto a tener que llevar a cabo un procedimiento inusitado, amén que vuelve a poner a la Procuraduría que dé por sí se encuentra en fase terminal en entredicho.
A la par, que el asunto proviene de una investigación derivada de los indebidos apoyos que directivos de la empresa Odebrecht y sus filiales afirman le dieron a la campaña del Presidente Peña Nieto a través de Emilio Lozoya, lo que siembra aún más dudas en el manejo de los asuntos y los intereses en la Procuraduría.
Lo peor de todo, independientemente del desaseo con que se ha manejado el caso y la evidente falta de oficio, consiste en los momentos en que se presenta, al inicio del proceso electoral. Si hacemos una breve síntesis podremos darnos cuenta de que el presente sexenio ha estado cargado de escándalos, que esa indagatoria pone el dedo en la llaga en relación a la legitimidad tanto del triunfo electoral a seis años de distancia, como del otorgamiento de contratos, así mismo de la complicidad, corrupción e impunidad que ha prevalece en esta administración.
Así las cosas, la disyuntiva entre la destitución o restitución ha desencadenado una ola de reacciones y especulaciones que sirven para el debilitamiento institucional, el crecimiento de la desconfianza y afianzan la irritación social, en ese orden de ideas, flaco favor le hacen al país, pues parafraseando a don Artemio del Valle Arizpe: «para todo hay modos».