El representante legal de la Asociación de Derechos Humanos Samuel Ruíz, Ricardo Sánchez García señaló que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares tiene algunas limitaciones pero es un avance que haya un marco jurídico para atender todos los casos que se presentan en el país.
Esto, después de que la Cámara Baja aprobará la Ley General de Desaparición Forzada, que involucra a agentes del Estado, y las desapariciones perpetradas por particulares, con 397 votos a favor del pleno legislativo, tras más de dos años de discusiones.
“La ley por ejemplo trae la limitación de que no se aprobó un artículo que estamos solicitando que ante una desaparición forzada pudiéramos ingresar por ejemplo a zonas militares donde sabemos que hay patios o sospechamos o se ha demostrado a través de la historia que hacen inhumaciones clandestinas a los opositores al régimen, que ese dio en los años 70 pero no quiere decir que ya no se haga”, dijo Sánchez García.
Agregó que en esta ley también se incluyó a los particulares porque a veces las autoridades se lavaban las manos señalando que fue el crimen organizado, y esto pese a que el estado siempre participa aunque sea por omisión.
El activista señaló que analizaran como se desarrollan la ley en los primeros meses para posteriormente pugnar porque se trabaje en una ley local que ayude a todas las familias que tiene a un ser querido desaparecido que se actué más rápido.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”