Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que Camboya va camino de convertirse en una dictadura de partido único y acusó al Gobierno de usar las leyes para acallar y perseguir a la oposición y a medios disidentes.
«Camboya está en camino de convertirse en una dictadura de partido único», indicó Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia, en una conferencia de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros en Tailandia (FCCT) en Bangkok.
Robertson dijo que el Gobierno del primer ministro, Hun Sen, busca disolver el opositor Partido del Rescate Nacional de Camboya (CNRP) con el fin de garantizar su victoria en las elecciones previstas el 29 de julio de 2018.
«Hay una campaña de intimidación contra representantes de la sociedad civil», agregó el activista en la conferencia junto con representantes de Forum Asia, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, en inglés).
El Gobierno ha redoblado sus acciones legales contra la oposición desde las elecciones de 2013, cuando el CNRP logró más del 44 por ciento de los votos.
El opositor Sam Rainsy se exilió en 2015 tras ser acusado de difamación y en febrero de este año dimitió como presidente del CNRP desde el extranjero.
El 3 de septiembre, su sucesor en el CNRP, Kem Sokha, fue arrestado en una redada con más de cien policías y dos días más tarde fue acusado de traición por colaborar con agentes extranjeros para causar «caos» en el Camboya.
El Ministerio del Interior pidió el 6 de octubre al Tribunal Supremo la disolución del CNRP, acusado de participar en una conspiración para derrocar a Hun Sen, y más de la mitad de los diputados opositores han huido del país.
La Asamblea Nacional aprobó el pasado lunes varias enmiendas a la ley electoral para permitir el reparto de los escaños opositores en caso de que la formación sea finalmente disuelta.
En los últimos meses, las autoridades también expulsaron del país a la ONG estadounidense National Democratic Institute, clausuraron una veintena de emisoras de radio independientes y forzaron el cierre del Cambodia Daily, un diario en inglés, por el impago de impuestos.
Kingsley Abbott, asesor legal de ICJ en Bangkok, denunció a las autoridades camboyanas de tergiversar el «estado de Derecho» para «silenciar» a la oposición y de someterla a estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.
Abbott recordó que Camboya se comprometió a respetar la democracia y la pluralidad política al firmar en 1991 los acuerdos de paz de París, que iniciaron la reconciliación nacional tras 13 años de guerra civil.
El experto legal anunció que escribirá a los países firmantes del acuerdo, incluidos Australia, Reino Unido y Estados Unidos, para que exijan a las autoridades camboyanas el cumplimiento de sus compromisos en relación con la democracia.