El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez solicitó a Greg Abbot, su homólogo de Texas y a David Gutiérrez, presidente de la Oficina Ejecutiva de la sección de Clemencia, Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, a convocar a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración del juicio y proceso que se sigue contra Rubén Cárdenas Ramírez, guanajuatense condenado a muerte por el delito de homicidio.
Cárdenas Ramírez, originario de Las Delicias, Guanajuato; enfrenta condena de ejecución en Texas, programada para el 8 de noviembre.
El mandatario estatal aseguró que en el mayor respeto por los sistemas judiciales del estado de Texas y de los Estados Unidos, hay razones importantes para recomendar una concesión de clemencia en este caso.
La Corte Internacional de Justicia determinó que se violaron las disposiciones de notificación consular previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 50 connacionales incluyendo a Cárdenas Ramírez y que tenían derecho a una revisión judicial y reconsideración de sus condenas y sentencias como resultado de las violaciones de sus derechos humanos y derechos consulares.
Cinco años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también revisó la demanda, encontrando que la violación privaba de las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo, por lo que recomendó un nuevo juicio y advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales de la vida.
De igual forma, en 2008, el exgobernador, Rick Perry, y el actual gobernador, Greg Abbot, en su calidad de fiscal general del Estado, prometieron que Texas pediría a los tribunales que revisaran las reclamaciones, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la revisión y reconsideración a la que tiene derecho.
Según las autoridades de Guanajuato el caso de Cárdenas Ramírez es preocupante porque fue privado de asistencia consular y de representación legal durante sus múltiples interrogatorios por parte de la policía y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo; desde ese momento el Gobierno del Estado de Guanajuato ha acompañado su proceso apoyando a sus familiares, solicitando una adecuada intervención consular.