Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 años, está preso en Texas, condenado a la pena de muerte programada para el 8 de noviembre de 2017, por el secuestro, violación y asesinato de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años, ocurrido en febrero de 1997 Desde entonces, a Enriqueta Rosales, doña Cleta, se le partió el corazón en dos, pues tanto víctima como victimario son sus nietos y la herida, dice, nunca sanará.
Por las noticias, la abuela se enteró de que está próxima la ejecución de Rubén. Desde entonces vive “en una angustia día y noche; piense y piense”; le agobia imaginar el sufrimiento que podría venir en su familia con esa fatalidad. “Que Dios nos ayude”, dice. En agosto pasado el Departamento de Justicia Criminal de Texas comunicó que el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, originario de Irapuato, Guanajuato, será ejecutado mediante inyección letal en la prisión de Allan B. Polunsky, en Livingston, Texas, el 8 de noviembre, por el caso de Mayra Azucena, quien fue localizada muerta en las inmediaciones de Retama Village, al sur de Texas. El 17 de febrero de 1997, el irapuatense y su amigo Tony Castillo presuntamente entraron a la habitación de Mayra Azucena y se la llevaron a un paraje solitario donde se cometió el ataque. Castillo fue quien denunció a Rubén y a cambio se entregó a las autoridades y consiguió una condena de 25 años. Rubén reconoció que el día de los hechos consumió alcohol y pastillas que le proporcionó Castillo, pero señaló que se quedó dormido en el auto y que el autor de los hechos había sido Tony, pero sus alegatos no fueron contundentes.
También ha presentado diversas apelaciones en contra de la sentencia de la pena capital al Tribunal del Quinto Circuito de Texas, argumentando que no se respetaron sus derechos consulares, fue golpeado por policías de McAllen y se le obligó a firmar una declaración de culpabilidad, pero tampoco han sido efectivos ante los tribunales. Rubén Ramírez mantiene comunicación permanente con su madre, Sanjuana Cárdenas, de 66 años de edad, que sufre ataques de epilepsia. Es padre un par de gemelos de 27 años y tiene dos hermanas y un hermano. En su celda lee la Biblia, dibuja, escucha la radio y sobrelleva una enfermedad en los riñones que en 2005 lo mantuvo internado por insuficiencia renal en un hospital de Galveston para reos de la prisión de alta seguridad en Livingston. “Dicen que está muy enfermo”, comenta la abuela. Sin tomar partido Doña Cleta, como se le conoce entre sus vecinos, habita una casa ubicada en la colonia Las Delicias de Irapuato, en compañía de su perrita Negra. En total tuvo 11 hijos, pero le ruega a todos los santos para que en particular sus hijas, Felisa, madre de la víctima, y Sanjuana —a la que llama Julia—, mamá de Rubén, recuperen la tranquilidad. La abuela dice que no puede tomar partido en el caso de Rubén. “Yo no puedo decir nada, que lo perdonen, que no lo perdonen; que se haga la justicia, y que sea lo que Dios mande. A uno le duele, pero derechamente, no lo vimos.
“Uno de madre es la que carga todas las consecuencias. Porque por el momento los muchachos hacen lo que quieren, la vida atrabancada, pero no saben a quién van a llevarse entre las patas; se llevan hasta a la familia”. Con una andadera se desplaza hasta una silla debajo de una repisa con guras de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y la Virgen de San Juan; se sienta y señala un cuadro que cuelga de una pared: “Mire, ése es mi esposo, la de en medio es Felisa con una de sus hijas, y yo; ahí estábamos más nuevos”. Doña Cleta, de más de 80 años, recuerda a sus nietos y nietas, entre ellos Mayra y Rubén. Los vio nacer y correr por su casa cuando eran muy chiquillos; después, sus madres se los llevaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida, aunque no recuerda a qué edad.
Para todos, dice, ha sido mucho sufrimiento ver a la familia en pleitos desde la muerte de su nieta Mayra Azucena y el encarcelamiento de Rubén por ese hecho. Su esposo, Inés, murió hace cinco años llevándose la pena de ver a su gente dividida y confrontada. La abuela se sostiene con una pequeña pensión que al morir le dejó su marido, quien trabajó en la empresa Del Monte, y sólo espera que se acabe esa larga pesadilla y sus hijas por lo menos se vuelvan a hablar. “Yo le pido mucho a mi Dios que se calme todo ese problema, por lo menos para morir tranquila, porque ya estoy más pa’llá que pa’cá; por lo menos que no se dividiera tanto la familia, cuando menos que se hablaran, que se saludaran”, pide al soltar en llanto, pues asegura que tanto Julia como Felisa, quienes viven en Estados Unidos, no se hablan.
“Yo estoy entre dos penas, las dos son mis hijas”. La abuela quisiera que no llegara el día de la ejecución, pues asegura que podría acrecentar el encono entre Julia y Felisa: si Rubén es indultado o si se cumple la condena. “Yo no sé lo que le hagan o no le hagan, ¡quién sabe!, yo no me meto; ahí que hagan lo que sea su voluntad”. Recuerda que después del asesinato de su nieta tuvo que acudir ante una Corte de Estados Unidos porque le pedían atestiguar su parentesco con la víctima, el acusado y con la madre de éste, que anda rondando los 66 años de edad. Felisa, madre de Mayra Azucena, está enferma de la presión, se siente muy cansada, ha dicho que ya no quiere nada, que sea lo que la Justicia decida. “Mamá, yo ya no quiero problemas, la justicia sabe lo que hace; yo ya no, ya no quiero saber nada”. Ha pasado largos periodos hospitalizada en McAllen, Texas, donde tiene su residencia. Doña Cleta asegura que la ha visto llorar y sufrir bastante por su hija. En cambio, de la mamá de Rubén sabe poco, hace muchos años que se alejó de ella y de sus hermanos, pero sabe que vive en Texas, con dos hijos. “Julia”, quien se cambió el nombre por el de Sanjuana, vive en Edimburgo, Texas, “de donde ni siquiera quiso venir a Irapuato a despedir a su padre cuando se estaba muriendo”, lamenta doña Cleta.
Esfuerzos por indulto El 22 de agosto pasado, el gobernador Miguel Márquez solicitó a su homólogo de Texas, Greg Abbott, que se hagan análisis genéticos de ADN como prueba para acreditar la inocencia de Rubén. La petición se formalizó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense ha sostenido varias reuniones con el embajador Jacob Prado, director general de Protección a Migrantes en el extranjero, para pedir al gobierno de Estados Unidos que puedan agotarse los recursos necesarios en defensa de Rubén Ramírez. A la fecha, no han recibido contestación. La dependencia estatal estableció contacto con Sanjuana Cárdenas, madre del condenado a muerte, por medio de un familiar que actúa como enlace, a quien se le ha dicho que se está haciendo todo lo posible para su defensa en conjunto con la Cancillería.
La defensa de Rubén está a cargo de un grupo de abogados, en coordinación con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense, y planteó las estrategias legales para demostrar la no culpabilidad, pero guarda reserva de los avances. Diego Rodríguez Barroso, titular de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Presidencia Municipal de Irapuato, confía en que existen posibilidades de que la sentencia de la pena capital sea reconsiderada y revertida, y que se detenga la ejecución del irapuatense. “El alcalde Ricardo Ortiz se sumó a la postura del gobierno del estado en la petición para que se haga la prueba de ADN a Rubén, para acreditar la inocencia”. Sin embargo, no todo está perdido para Rubén, pues las autoridades de Estados Unidos tienen como antecedente la suspensión de la ejecución del condenado a muerte Marcellus Williams, de 48 años, por el gobernador de Misuri, Eric Greitens, el pasado 22 de agosto, al validarse el argumento de sus abogados de que no se encontró su ADN en el arma utilizada en el asesinato a cuchilladas de una reportera del diario St. Louis Post-Dispatcher en 1998.
El pasado 10 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su petición al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado para que se conmute la pena capital contra Rubén Cárdenas, por otra sentencia de prisión. “La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge (…) La pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de justicia”, indicó el organismo. Actualmente, en la prisión de Allan B. Polunsky, de Livingston, Texas, se encuentran 10 mexicanos condenados a la pena capital, incluido Rubén.