8 años atrás, el 5 de junio, la historia de 49 familias cambió para siempre; un trágico incendio les arrebató a sus hijos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
Ese dolor inexplicable al sepultar a los pequeños que tenían toda una vida por delante, esa sensación de no volver a abrazar a sus hijos, la falta de respuestas por parte del gobierno y el olor a quemado que despide la impunidad detrás del caso, continúan sin respuesta. Para Estela Báez, perder a “Yeyé”, como apodaban a su hijo Julio, la llevó a olvidar su nombre, los rostros de sus seres queridos y su salud cayó en picada por cada día sin él.
Tras la tragedia, durante la administración del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal ofreció un apoyo médico vitalicio a los familiares de las víctimas. Estela es una de las madres que recibía ayuda psicológica para enfrentar la pérdida irreparable.
Primero estuvo internada en la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios en Zapopan, Jalisco, lugar donde recibió terapia electroconvulsiva, un tratamiento que consiste en someter a electroshocks a los pacientes para literalmente «borrarle los recuerdos» y hasta hace una semana recibía tratamiento en la Clínica de Neuropsicología, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero el pasado 3 de octubre, un funcionario del IMSS de la Ciudad de México, le informó que ese tratamiento, que consistía en técnicas de neuroretroalimentación y psicoterapia, había quedado suspendido a pesar del decreto presidencial y con el argumento de que no cumplía con los requisitos para la subrogación del servicio.
«El IMSS es responsable de la muerte de los niños y de las secuelas que tengo por este espantoso hecho» dice estela.
A través de un comunicado, Estela Báez detalló que en esa clínica del IMSS tenía programado un tratamiento médico durante los próximos seis meses, una recomendación que ellos mismos hicieron.
Posteriormente, solicitó apoyo al IMSS para tratarse con terapia psicológica tras las irresponsabilidades y mal tratamiento que recibió en la clínica jalisciense. Ella sabía que podía acudir al beneficio que le corresponde ante el decreto presidencial, donde las 49 familias de las víctimas por el caso de la Guardería ABC tienen gratuidad vitalicia en los tratamientos médicos que requieran, pero la respuesta le pareció una represalia.
«Sólo estoy pidiendo que cumplan con su trabajo, no estoy pidiendo limosna».
Hasta el pasado 11 de octubre, la dependencia a cargo de Mikel Arreola reaccionó a través de un comunicado para detallar que Estela tendrá la atención que solicitó conforme a ley, además, se avisó a su esposo que seguirán cubriendo el apoyo. Pero hasta hoy, Báez sostiene que no le han notificado nada.