El Gobierno de la región española de Cataluña recurrió hoy ante el Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo de Madrid de intervenir sus cuentas y finanzas para evitar que pueda desviar fondos para la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional.
Con ese objetivo el Consejo de Ministros español acordó el viernes pasado asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña (educación, sanidad, servicios sociales y pago de nóminas, principalmente), después de que el Gabinete catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda.
El recurso presentado por el Ejecutivo catalán incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, por lo que las autoridades de Barcelona confían en que el Supremo resuelva primero ese punto antes de deliberar sobre el fondo del recurso.
El acuerdo del Consejo da un plazo, que termina este martes, para que el Gabinete regional catalán comunique, asimismo, que no dispondrá de su propio presupuesto para partidas de menor importancia.
Por eso el vicepresidente regional catalán y responsable de Economía, Oriol Junqueras, acusó hoy al Gobierno de Madrid de «bloquear» partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura y deporte, consideradas no esenciales.
Junqueras dijo que Madrid busca «el colapso de todas las administraciones» con sus medidas de control de los gastos.
A juicio de Junqueras el Gobierno español hace un uso «ilegal» de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña de manera indirecta el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo de Madrid pueda asumir determinadas competencias de una región si considera que ésta no las ejerce según el ordenamiento jurídico.
La vía del artículo 155 es invocada por algunos sectores políticos y periodísticos como principal y último recurso legal del Estado, aunque nunca se ha aplicado en España.