El Gobierno español intervino este viernes las cuentas del Ejecutivo catalán y asumió el pago de los servicios esenciales en la región.
La medida fue tomada con el objetivo de garantizar que no se desvíen fondos al referendo independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según el acuerdo adoptado por el Gobierno español, el Estado asumirá los pagos esenciales del Gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos como la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y la retribución de los funcionarios.
Además, el Gobierno central dio 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que garantice que desde ninguna partida del resto del presupuesto se desvían fondos para la celebración del referéndum, según explicó en rueda de prensa el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal», remarcó Montoro, quien se mostró convencido de que el Gobierno catalán o Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Ejecutivo central.
El Ejecutivo catalán consideró que el Gobierno central aplicó las medidas más restrictivas que se contemplan en la Constitución contra los gobiernos autonómicos, pero «por la puerta de atrás», ante lo que anunció una batalla jurídica en el Estado y en la Unión Europea.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, participó en un acto de su partido en Barcelona, donde defendió la intervención de las cuentas del Ejecutiva catalán y aseguró que se trata de una demostración de la firmeza del Estado frente al desafío independentista del Ejecutivo catalán.
No subestimen la fuerza de la democracia española», advirtió Rajoy en Barcelona ante miembros del gubernamental Partido Popular (PP) a los que les garantizó serenidad y firmeza para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre y suspendida por el Tribunal Constitucional.
Y advirtió, dirigiéndose a las autoridades independentistas de Cataluña:
Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar».
Tanto el Gobierno español como los Tribunales están desplegando en los últimos días sus recursos para impedir que el 1 de octubre se celebre el citado referéndum secesionista.
Pero los independentistas, a través del Gobierno y del Parlamento regional, insisten en celebrarla, aunque incurran en un delito de desobediencia.
Por esta desobediencia, Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía, para determinar si están cometiendo delito.
Por otro lado, la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía, requisó más de 100 mil carteles de la Generalitat de propaganda de la consulta.
En este ambiente cada vez más tenso conforme se acerca la fecha del referéndum, se conoció una carta que Puigdemont, y otras autoridades catalanas enviaron al rey Felipe VI y al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que reclaman negociar una consulta y advierten de que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas.
Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente», dicen los firmantes.
Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español y, en particular, a su presidente, Mariano Rajoy (…) para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos un referéndum».