A principios de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó una denuncia contra tres comunidades menonitas —campesinos de ascendencia alemana asentados, principalmente, en zonas rurales de México— por la deforestación sin previa autorización de mil 445 hectáreas de selva en Bacalar, Quintana Roo y otras miles más en Coahuila.
Las congregaciones ahora podrían enfrentar sanciones ambientales por no respetar la normatividad y cambiar el uso de suelo de sus hectáreas para cultivo (de maíz, cebada y trigo) sin contar con los permisos correspondientes, lo que permitió la “devastación” de la vegetación forestal.
Sin embargo, los representantes menonitas afirman que ellos no provocaron los daños y que cuentan con todo el papeleo necesario y vigente, pues de otra forma no tendrían de dónde cultivar sus alimentos.
En Quintana Roo se les acusa de manejar ilegalmente terrenos en los ejidos de Paraíso, El Bajío y San Fernando, todos pertenecientes a Bacalar. En total, suman mil 445 hectáreas. En Coahuila, en el municipio de Sierra Mojada, alrededor de 23 predios fueron afectados; un total de 12 mil 300 hectáreas.
Guillermo Haro Bélchez, titular de la Profepa, dijo que si no presentan las autorizaciones de cambio de uso de suelo que aseguran tener, entonces deberán pagar un monto de hasta 3.7 millones de pesos en el caso de Quintana Roo y otros 14 millones de pesos por Coahuila, además de verse obligados a restaurar la superficie que deforestaron.
El Universal asegura que a pesar de las acusaciones, Johan Doerksen, del Comisariado Ejidal de Salamanca, dice que la comunidad de los menonitas es de «gente de bien», que únicamente sostienen una lucha para sacar adelante a sus familias y «preservar sus costumbres».
Asimismo, la abogada que protege los asentamientos perseguidos por la Profepa en Coahuila, María Dolores Ortiz, explica que las multas no son válidas, por lo que interpusieron un juicio de nulidad, pues donde están asentados no se considera suelo forestal. Por otra parte, los pobladores de la comunidad de Hércules, vecinos de los menonitas, quieren expulsarlos porque piensan que van a acabar con los recursos hídricos de la región, aunque en realidad ellos «utilizan un sistema de riego avanzado».
Sea como sea, y mientras los menonitas se defienden bajo el argumento de que no tenían otras tierras para cultivar su comida, la Profepa planea seguir con las acusaciones porque ellos no están exentos de cumplir con la ley y no permitirán que se devaste «ni una hectárea más».