San Luis Potosí fue uno de los primeros estados de la república que se incorporó a esta estructura de defensa de la población y cuya finalidad es defender precisamente los derechos humanos, es decir, en algunos casos ir más allá de lo que pudieran determinar las autoridades judiciales.Lamentablemente esta comisión que opera a nivel nacional y que supuestamente tiene acuerdos a nivel internacional se ha burocratizado y ha servido para lo que son la mayoría de las instituciones en México: para crear empleos bien remunerados en donde los directivos ya sea de manera directa o intercambiando plazas con otras instituciones puedan ubicar a familiares, amigos y personas de su afecto personal.
En San Luis Potosí se ha caído en este sistema esclerótico de defensa de derechos humanos, hay un supuesto reglamento por lo que solo y únicamente actúan bajo denuncia de personas afectadas y eso no siempre se hace, ya que cada denuncia entra al engranaje del sistema burocrático de esta institución. A pesar de tener indicios de lo que puede suceder en alguna parte, permanecen impávidos solo que alguien presente e insista con alguna denuncia. Como si un derecho humano fuera indispensable exigirlo e insistir en un apoyo oficial.Y permítanme mencionar lo que ya es de análisis común entre el gremio periodístico y entre toda la población, en la capital potosina y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez existen indicios más que claros de requerimiento de la defensa de los derechos humanos, ya que los humanos tenemos derecho a vivir con seguridad en las calles y esto no está sucediendo ni las autoridades encargadas de brindar esta producción están actuando, me refiero a la policía preventiva, lo mismo que la actuación de los elementos de las policías estatales y municipales a los que la poblaciones tienen miedo por sus acciones arbitrarias en contra de la población sobre todo de los obreros y de los jóvenes
.Pero los derechos humanos no se limitan específicamente al ámbito penal, sino que los derechos humanos de acuerdo a tratados internacionales y a reformas constitucionales en nuestro país van más allá, entre ellos tan solo por mencionar los más graves el derecho humano de los ancianos, al cuidado, a la alimentación y a los servicios médicos.Se sabe por datos del INEGI que más del 12% de la población son personas senectas en el estado de S.L.P. y que de esta población más del 70% vive en condiciones infrahumanas tanto en el medio urbano como el rural y ahí no actúa de oficio la C.E.D.H., lo mismo en el Derecho Constitucional a la alimentación que tienen todos los mexicanos, tampoco la C.E.D.H. ha intervenido. Lamentablemente el nuevo sistema de justicia penal le ha dado una gran relevancia a la actuación de la Comisión de derechos humanos en el país ya que invariablemente atiende de inmediato la petición de personas que son detenidas aún en flagrancia y que alegan tortura y faltas al protocolo en la detención llamándose víctimas del sistema policiaco.Volteando las demandas en contra de las policías que los detuvieron. La Comisión nacional de derechos humanos ha presionado para que se legisle y si en un momento dado en alguna detención existe algún delincuente en flagrancia al que se le den más de dos disparos se acusa a las policías que intervinieron de exceso de fuerza consignándolos y en caso de que el presunto delincuente esté vivo queda en libertad.En muchas ocasiones los presuntos delincuentes cuando son detenidos ya saben de memoria los números de la Comisión de derechos humanos a la que de inmediato llaman para que los proteja.