- Los presidentes municipales de Santa María del Río, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Tierra Nueva y Villa de Arriaga, había sido citados para este miércoles, pero su audiencia se canceló de última hora
- Juan Gabriel Solís, de Villa de Reyes, confirmo que fue requerido por la Procuraduría de Justicia para dar testimonio sobre la red de corrupción en el Congreso del Estado y la ASE.
Gamaliel Vázquez
El Alcalde Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís, anunció que testificará a favor de los diputados que se vieron involucrados en la “ecuación corrupta” del video escándalo difundido el pasado mes de junio, luego del llamado a la comparecencia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado para dar testimonio sobre la red de corrupción en el Congreso del Estado.
Solís mencionó que nunca hubo pronunciamientos de los imputados hacia su persona para matizar las cuentas públicas de aquel municipio.
Sobre ello, al menos cinco alcaldes de San Luis Potosí, entre ellos los presidentes municipales de Santa María del Río, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Tierra Nueva y Villa de Arriaga fueron solicitados esta mañana a declarar ante la PGJE sobre un posible caso de asociación delictuosa y extorsión en el Congreso del Estado, sin embargo, no lograron comparecer por el hecho en cuestión al hacerse una modificación de última hora a los tiempos de la declaración de los ediles.
Ante la situación, Gabriel Solís señaló que “mi citatorio que tengo es en calidad de testigo; acá en Villa de Reyes no hubo acercamiento, no hubo nada de eso (con los diputados)” mencionó.
Negó que con anterioridad haya sido invitado por diputados de la “ecuación” a participar en alguna situación fuera de la legalidad, por lo que reiteró no haberse involucrado en idiosincrasias de corrupción, tal como lo exhibió el edil de Ébano, Crispín Trujillo, en un video escándalo difundido el pasado mes de junio.
Comentó estar disponible para la Procuraduría en caso que ésta haga un nuevo llamado a comparecer sobre el tema, aunque reiteró que testificará a favor de los diputados imputados en un acto de corrupción al no haber sido incitado a violentar la ley, sin embargo, la cancelación de la fecha en cuestión no permitió la programación de una nueva plazo para ello.