- Se busca prevenir cualquier riesgo de que los recursos públicos puedan ser utilizados con fines de promoción o proselitismo político en el proceso electoral que inicia en octubre.
Marco Luis Polo
El Gobierno del Estado a través de la Contraloría General está diseñando un programa de “blindaje electoral” con el fin de prevenir cualquier riesgo de que los recursos públicos puedan ser utilizados con fines de promoción o proselitismo político ante el inicio del proceso electoral (Octubre) que vivirá San Luis Potosí en el 2018.
Lo anterior, lo anunció el titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien explicó que este conjunto de acciones, serán establecidas para vigilar que los trabajadores de la administración pública estatal se abstengan de hacer uso de los recursos públicos (mobiliario, vehículos, sistemas de cómputo, personal humano) en horario estrictamente de trabajo.
En este sentido, el funcionario estatal, dijo que “La mecánica de vigilancia se establecerá a través de los órganos internos de control y la propia Contraloría General del Estado, donde vamos a establecer los lineamentos operativos para hacer valer la legislación que ya existe en el sentido de no, utilizar los recursos públicos para fines proselitistas, difusión, o promoción de imágenes en oficinas públicas en favor de algún partido o candidato. Nosotros debemos estar ocupados exclusivamente a brindar el servicio a la ciudadanía y no hacer uso de estos recursos para otros fines”, agregó.
Además Rosillo Iglesias, dejó en claro que con estos candados que se implementaran previo al arranque del proceso electoral 2017-2018, no se impiden los derechos políticos de los trabajadores, pues sólo se busca evitar que se haga un mal uso de los recursos públicos para actividades que estén vinculadas a cuestiones político electorales y no de carácter laboral.
El Contralor General del Estado, dijo “No se impiden los derechos políticos de las personas definitivamente, porque tienen derecho a seguir y estar informados sobre las opciones políticas o candidaturas e incluso ser militantes de un partido. Sin embargo, se debe cuidar mucho la imagen de los servidores públicos, porque el estar en actos proselitistas e incluso fuera de las oficinas se corre el riesgo de que se esté apoyando o promocionando a un partido político, esto se encuentra en la normatividad de tal forma que los servidores públicos tenemos que ser muy cautelosos de nuestra presencia y actitudes de los actos que realicemos para que sean exclusivamente de atención y servicio al público” finalizó.