La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez por su presunta participación en la red de “lavado” de dinero en la organización que encabeza Raúl Flores Hernández, “El Tío”, por lo que fueron aseguradas cuentas bancarias en México, informaron autoridades ministeriales.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la PGR revisan todas las transacciones para deslindar responsabilidades a quienes presuntamente están relacionados con Flores Hernández.
La investigación está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que encabeza Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el aseguramiento de las cuentas se realizó por medio de la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros.
Con la decisión del gobierno estadounidense, al capitán de la selección mexicana le fueron congelados todos sus activos en Estados Unidos, y se prohíbe a cualquier ciudadano de la Unión Americana hacer negocios con él o empresas relacionadas, incluidas todas las escuelas de futbol y la fundación que llevan su nombre. Lo mismo sucede con Julión Álvarez y sus empresas de producción musical e imagen.
EN PROCESO
Como medida precautoria, autoridades mexicanas aseguraron el Grand Casino, propiedad de Raúl Flores, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos sur 4527, en la colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco; y de Rafael Márquez, Grupo Terapéutico Hormaral, que se encuentra en Avenida General Eulogio Parra 3200-21, Fraccionamiento Terrazas Monraz, en Guadalajara, otra sucursal en la calle de Lisboa, en Puerto Vallarta; y la empresa Prosport & Healt Imagen ubicado en la calle Golfo de Cortes, en Guadalajara.
Hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra los señalados como medida cautelar, y este jueves, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, dijo que el cantante Julión Álvarez podrá ser llamado a declarar sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.