La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considera que es irrelevante traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas que hablan casi 7.4 millones de personas en México, pues la mayoría “es analfabeta en su propia lengua”.
La solicitud de traducción del Código, y difusión a través de textos, medios audiovisuales e informativos, fue hecha por el Congreso de la Unión mediante un Punto de Acuerdo aprobado el 24 de mayo pasado.
Esta semana la dependencia contestó con el argumento que, de acuerdo con el censo del Inegi 2010, “del total de la población en México sólo 5.9% es hablante de la lengua indígena, y de ese porcentaje 80% es analfabeta en su propia lengua, por lo que la acción de traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales no tendría un impacto significativo en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.
Sin embargo la población hablante de lengua indígena es mayor, prevaleciendo el náhuatl, maya y tseltal, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, al registrar 7 millones 382 mil 785 (7.5% de la población).
En el dictamen de la Segunda Comisión que aprobó la Permanente se argumentó que hasta noviembre 2015 había 8 mil 412 indígenas en centros penitenciarios del país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los legisladores de todos los partidos consideraron que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México “es necesario cerrar poco a poco la brecha (a los pueblos indígenas)”.
“Una medida impostergable para contribuir al acceso pleno de los indígenas a la justicia es la traducción con el mayor número de hablantes del país”, señala el dictamen.
Los legisladores agregaron que “la persona indígena “que generalmente ha vivido en su comunidad, cuando entra en conflicto con la ley penal se enfrenta a diversas barreras”.