María de los Ángeles Moreno, ex presidenta nacional del PRI; Silvia Hernández, senadora en seis legislaturas, y Georgina Trujillo, ex diputada, ex senadora, exalcaldesa y ex precandidata a la gubernatura de Tabasco, proponen poner fin a las “juanitas” en su partido.
En su propuesta de reforma a los Estatutos del PRI en el tema de paridad de género, las tres mujeres, consideradas como priístas de primera línea, presentaron su propuesta al dirigente nacional, Enrique Ochoa, y a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, quienes le dieron entrada para que sea tomada en cuenta en los trabajos de la XXII Asamblea Nacional.
En la propuesta de las priistas, de la cual un Diario de circulación nacional tiene copia, se refieren a “la imperiosa necesidad de que la selección de candidatos a cargos de elección popular, sin distingo de género, sea realizada considerando como criterio rector los méritos de cada aspirante.
“Esa necesidad —sigue la propuesta— es particularmente sensible para el caso de las mujeres priistas, que por factores externos e internos aún enfrentamos desventajas para competir en igualdad de circunstancias respecto de los compañeros priistas del género masculino”.
En la propuesta que llevan a la mesa de Estatutos, que se realizará en Campeche los próximos 9 y 10 de agosto, Moreno, Hernández y Trujillo señalan que la evaluación de las aspirantes a los diferentes cargos de elección popular debe ser realizada, además de la verificación puntual y rigurosa de los requisitos que establecen los Estatutos, con el criterio de méritos, tanto en la trayectoria partidista como en la experiencia e idoneidad profesional para representar adecuadamente al electorado que vota por el PRI, así como las ideas y propuestas del instituto político.
“Debemos desterrar de la vida partidista toda manifestación de privilegios para aspirar a un cargo de elección popular que no sea producto de los méritos de cada aspirante. No son admisibles, como criterios de selección, el nepotismo, las relaciones de amistad o la prevalencia de intereses económicos, tampoco el compadrazgo o el influyentismo”, subrayan las priistas.
Señalan que la democracia interna se construye desde abajo, con y para la militancia. “Al avance que en 2011 significó la cuota de género obligatoria y sin excepciones —por cierto impulsada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por varias destacadas militantes del PRI—, siguió la valiente e histórica decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de proponer, en 2014, la reforma para dar el salto a la paridad de género, la que finalmente quedó incorporada en el artículo 41 de la Constitución, en las leyes generales electorales y en la normatividad en materia electoral en las entidades federativas.
“La paridad de género es una realidad en los ámbitos de las elecciones federales, estatales, municipales y en la Ciudad de México. El PRI debe hacer de esa realidad oportunidad para impulsar a las mujeres priistas, para abrirles más y mejores espacios para su participación en la vida interna de nuestro partido y en las contiendas electorales”.
En el planteamiento para la XXII Asamblea Nacional priista, las tres exlegisladoras señalan que debe entenderse que, hoy, el PRI es un partido en competencia, “un partido dentro de un sistema plural y competitivo, en el que las alternancias son y serán la regla; es básico para mantener la confianza y el voto de la ciudadanía, pero, sobre todo, para acrecentarlo y así seguir siendo la fuerza política mayoritaria, capaz de conducir a México por caminos de igualdad y progreso, con democracia y justicia social”.
Las priistas aluden a que, siendo los Estatutos la máxima ley para regular la vida interna del PRI y los derechos de sus militantes, es necesario que el tema de la paridad de género esté adecuadamente regulado en éstos.
Lo anterior, señalan, sin perjuicio de que otros ordenamientos internos de menor jerarquía, como el Reglamento para la elección de dirigentes y candidatos, deban ser, en el siguiente momento procesal, adecuados para desarrollar las normas que ahora se propone llevar a los Estatutos.
“A pesar de que en los Estatutos vigentes ya se refleja el cambio constitucional y en las leyes generales, en materia de paridad de género, subsisten en algunos artículos contradicciones derivadas de normas anteriores que, por motivos seguramente de premura, no fueron debidamente adecuados a la nueva realidad, que es la obligatoriedad, sin excepción, de la paridad de género; la norma de que tratándose de fórmulas de candidatos, propietario y suplente deben ser del mismo género, así como los avances derivados de las tesis y jurisprudencia del TEPJF, en especial en lo que hace a la paridad horizontal y su obligada aplicación en la selección de candidatos en elecciones de ayuntamientos municipales”, expresan en su propuesta.