Una vez que se den a conocer los nombres de los funcionarios mexicanos que recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, las autoridades deberán buscar la manera de vincularlos a proceso y sancionarlos, advirtió Transparencia Mexicana.
Luego de que Rodrigo Tacla, abogado de la empresa, quien está acusado de lavado de dinero en España, reveló que la constructora financiaba -entre otras cosas–campañas políticas en América Latina, el director ejecutivo del organismo de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez, recalcó la necesidad del castigo.
Cuestionado sobre este tema, indicó que de acuerdo con lo revelado por el abogado, la empresa tenía vínculos con autoridades, candidatos y partidos políticos en la región.
«El modus operandi utilizado por Odebrecht evidencia que la corrupción no es asunto cultural, sino claramente un delito económico», explicó Bohorquez, al señalar que la firma tenía una rama especializada en el pago de sobornos, conocida como Unidad de Operaciones Estructuradas.
Las revelaciones que hizo el abogado Rodrigo Tacla en una entrevista periodística la semana pasada, en donde habló de pago de regalos, fiestas para políticos y hasta financiamiento de campañas electorales, evidencia que se trataba de delitos planeados y ejecutados, comentó.
Bohorquez recordó por ahora aún se desconoce la identidad de los funcionarios mexicanos implicados en esta red, de ahí que una vez que se conozcan los nombres, las autoridades mexicanas deben vincular a esas personas a proceso y sancionarlas conforme a las leyes mexicanas, ya que de momento se trata de un delito confeso que está en manos de un juez en Estados Unidos.