Persiste la tortura en SLP

  • Se tienen contabilizados once casos
  • Está entre los Estados con esa práctica

Marcela Loyola

San Luis Potosí se encuentra entre los estados donde se sigue practicando la tortura a los detenidos o sospechosos de algún delito sean hombres o mujeres, así lo demuestran varias denuncias y el estudio de Amnistía Internacional enfocado a documentar las características de la tortura en una población vulnerable y se basa en 100 entrevistas llevadas a cabo entre 2015 y 2016 en centros federales de Morelos y Nayarit a mujeres.

La tortura ocurre en todos los rincones del país, los casos documentados por Amnistía Internacional ocurrieron en 19 estados, donde destaca la Ciudad de México donde hubo 19 casos, en el Estado de México, 15 casos; y en San Luis Potosí 11 casos.

En junio del 2016, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí emitió la recomendación número 10/2016, en la que se da cuenta de que elementos policiacos estatales le propinaron brutal golpiza a un hombre joven al que tundieron a patadas, descargas eléctricas en el pecho, cuello y genitales además de pretender extorsionarlo el 9 de octubre de 2014, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de acuerdo a las evidencias contenidas en el expediente 1VQU-766/2014.

De igual forma en mayo del 2016, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia pidió perdón a los afectados directamente por la tortura y ofreció una disculpa a la sociedad por las imágenes en donde se ve a una policía federal torturando a una detenida.

Sales Heredia pidió a los policías en activo y a los cadetes en formación a respetar a los detenidos y tratarlos anteponiendo la presunción de inocencia.

Así lo declaró después de que se había anunciado la suspensión de dos policías por los hechos del vídeo de tortura a una mujer difundido en las redes sociales, además del elemento que participó directamente en la agresión.

De igual forma, a inicio del año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 69/2016, dirigida al Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, la libertad, y a la integridad y seguridad personal, en agravio de tres personas, atribuibles a cinco servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).

La CNDH recibió la queja 4 de febrero de 2015, el afectado que se desempeñaba como policía municipal relato que el 13 de julio de 2012 recibió solicitud de apoyo por una riña en la colonia Las Julias; al llegar se percató de la presencia de patrullas de la policía estatal y minutos más tarde el Director de Seguridad Pública del Estado y elementos de esa corporación lo detuvieron, y lo subieron a una camioneta para trasladarlo a las instalaciones de la Policía Federal, donde fue golpeado y acusado de estar involucrado en el homicidio de un policía estatal; haciéndolo firmar 10 hojas, para posteriormente ser llevado a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado (PME).

Por otra parte, los otros dos agraviados, elementos de la DGSPE manifestaron que fueron detenidos en sus domicilios por efectivos de esa misma corporación, por instrucciones del citado director, y trasladados igualmente a las instalaciones de la Policía Federal, donde fueron golpeados para que aceptaran su culpa respecto del homicidio del elemento de la policía estatal.

Dichos agraviados fueron coincidentes en señalar que los interrogaron y a base de tortura los hicieron firmar su declaración con los ojos cubiertos y esposados. Después de analizar las evidencias que integran el expediente CNDH/5//2015/1468/Q, este Organismo Nacional, corroboró que elementos de la DGSPE se excedieron en sus funciones al investigar hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio, sin que la autoridad ministerial lo hubiese ordenado, así como detener a las tres víctimas con el propósito de interrogarlas y “aclarar lo que estaba pasando” en torno del deceso del policía estatal, con lo que vulneraron el derecho de los agraviados a la seguridad jurídica.

Este Organismo Nacional recomendó al Gobernador de San Luis Potosí se repare el daño en forma integral a las tres víctimas, en los términos de la Ley de Víctimas de esa entidad federativa, que incluya compensación y atención psicológica; se colabore en la averiguación previa que se inicie con motivo de la denuncia que la CNDH presente ante la PGJ de ese estado, contra los cinco servidores públicos de la DGSPE y quien resulte responsable, para que se investiguen los delitos cometidos en contra de los agraviados.