No es para alegarnos, pero este día entra en funciones el
Sistema Nacional Anticorrupción sin que en ninguna de las
32 entidades ni a nivel federal, se le logre integrar completamente, lo que nos da una muestra de porqué, para impulsarlo el Presidente Enrique Peña requirió la maquinaria de los partidos de Oposición.
Dos veces fracasó la intentona peñista por presentar la iniciativa del SNA a través de su partido, el PRI, donde rabiosamente la combatieron muchos, entonces, gobernadores salientes. Ante el éxito no obtenido, Peña negoció con el PAN (eran los tiempos alegres del Pacto por México) y fue este quien presentó la iniciativa en San Lázaro.
Se comprometió el respaldo de los demás partidos de oposición, quienes aceptaron felices de encontrar una veta más en contra del “corrupto” PRI… y ni así cumplieron la cita del 19 de julio. Tal parece que a ni ningún partido, ni siquiera los de la llamada Oposición, les interesa “blanquear” los oficios de la administración pública, dando sustento a la frase: “La corrupción somos todos”.
Igual suerte corrió el Sistema Estatal Anticorrupción de los Estados, SEAs,., En el caso potosino podemos citar la haraganería, ¿oposición disfrazada? de nuestros legisladores locales que antes de armonizar leyes para un óptimo arranque se perdieron en negociar las plazas factibles de sueldo que se estarían creando.
ENSABANADOS
En suma, más que respaldar, obstaculizaron la iniciativa que el gobernador Juan Manuel Carreras les envió con carácter de “prioridad” a los 4 días de asumir el cargo.
En esa tónica se llegó al “Día D”, 19 de julio, sin que se pudiera nombrar Fiscal Anticorrupción, Comité de Participación Ciudadana, ni secretario del SEA, un cargo que tendrá en sus manos toda la información anticorrupción del SEA, Contraloría General, ASE y CEGAIP y que será muy bien pagado, lo que la hace blanco de la codicia de todos los partidos políticos.
Sin embargo, entregar esta posición a cualquiera de éstos, sería como poner la Iglesia en manos de Lutero. La IP tampoco es la mejor opción por lo que sólo queda la academia, si es que no buscan que el SEA sea una Carabina de Ambrosio.
No es por conformismo pero SLP no es el único Estado que incumple la fecha. Solo Querétaro, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Sonora tienen nombrado a su fiscal anticorrupción mientras que. solo en Edomex, Morelos, Nayarit, Puebla y Sinaloa, integraron plenamente su tribunal de justicia administrativa, pero donde más atraso hay es en la integración de los comités de participación ciudadana, pues sólo Querétaro lo tiene.
Por su parte, el gobernador Juan Manuel Carreras ni siquiera ha mandado las ternas para las tres fiscalías que el Congreso debe nombrar: la Fiscalía General, La Fiscalía Electoral y la anticorrupción.
CORRESPONSABLES
Y por supuesto, no ha sido integrado el Comité de Participación Ciudadana, uno de los elementos principales de interés para la sociedad sin olvidar que tampoco el Tribunal de Justicia Administrativa está debidamente conformado pues aún falta la elección del cuarto magistrado titular.
Además, la renuncia del ahora ex Auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo y la falta de nombramiento a su sucesor por parte de la LXI Legislat5ura, cierra el círculo para la inoperancia del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad.
Y, bueno, como en el viejo refrán de que “tanto peca quien mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, pues en éste caso la responsabilidad de este atraso es compartida tanto por el Congreso del Estado, que se dejó llevar por la fiaca, como en el gobernador Juan Manuel Carreras, que no presionó ni envió en tiempo y forma las ternas para la elección de los fiscales.
Cierto, está empeñado en que el Procurador General de Justicia del Estado, Federico Garza, sea el primer Fiscal General, pero la normativa dice que debe enviar una terna y no lo ha hecho.
Que en general todo el país amanezca hoy con un Sistema Anticorrupción mocho o cojo, descabezado diríamos en BP, no representa más que la falta de compromiso de t-o-d-o-s los diputados del país, locales y federales, que tanto nos cuestan, pues cobran como si de verdad trabajaran, con la agenda social contra la impunidad y la corrupción. O sea, no nos dieron los resultados deseados.
CASO FLORES
¿Recuerda usted al diputado Enrique Flores, expresidente de la Jucopo y principal protagonista en el video-escándalo del blanqueamiento de cuentas públicas municipales? Pues es hora que debe estar muriéndose de risa pues, por renunciar a su militancia el PAN descartó sancionarlo de modo alguno por ya no ser panista.
En cambio mantiene la guillotina pendiente sobre los diputados locales Héctor Mendizábal Pérez, plurinominal, y Mariano Niño Martínez, el panista que más votos obtuvo durante los comicios del 2015. Les convendrá expulsarlos solo por 0065igir democracia en la elección de líder de su bancada?
Personalmente creo que sería muy aventurado seguir abonando a la división interna del panismo potosino, sobre todo luego de que las andanzas, o tranzas, de Enrique Flores fueron del conocimiento del fiscal anticorrupción del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, desde el 7 de abril y fue hasta este lunes, 3 meses después, que se tenía previsto un resultado en obvio destiempo. Ojalá no pase igual con los dos casos faltantes.
Por cierto que esperar 3 meses, para que el CEN blanquiazul decidiera actuar en base a las denuncias de sus propios presidentes municipales, revela lo poco que frenar la corrupción le importa a ese partido; aquí nos leemos el próximo domingo.