Los órganos de impartición de justicia no escapan a la necesidad de cambios y es menester eliminar los rasgos de género que puedan producir desventajas para las mujeres, sentenció el presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cue, durante la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de San Luis Potosí, donde estuvo acompañado de la ministra de la SCJN, Margarita Beatriz Luna Ramos y el gobernador Juan Manuel Carreras.
Fue en sesión de Plano extraordinario del Supremo Tribunal de Justicia, donde el magistrado dijo que con la adhesión al pacto que hoy (ayer) se firma en el estado de San Luis Potosí, se consolida la premisa de igualdad de género, que apoya y soporta la calidad de los seres humanos sin distinción de su naturaleza, porque con el simple hecho de constituirse como un ser humano, tiene el derecho y la libertad de ejercer tanto socialmente como en lo individual, su opinión, sus ideas, y lo más importante, la igualdad en todos los campos sin importar su naturaleza.
Expuso que en congruencia con lo anterior, los órganos impartidores de justicia del estado de San Luis Potosí, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacen patente con esta firma de adhesión al pacto, su voluntad de colaborar para hacer efectivo en beneficio de la población estatal, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, que propicie el establecimiento de líneas generales de acción en la materia; prueba de ello, es la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación, a través de la integración de un Comité Estatal, que se encargue de velar por la aplicación de dichos lineamientos generales.
Almazán Cue, expuso que en materia de impartición de justicia, hoy se adquiere el compromiso de introducir la perspectiva de género en todas las áreas que tienen un estado jurídico, un estado de derecho.
Sobre esa base, nos corresponde a las y los juzgadores, reconocer en el seno de cada institución, la igualdad entre hombres y mujeres, a través del manejo de políticas públicas con un cambio de mentalidad, no por decreto, ni por reforma constitucional o legal, sino que debe ser un cambio cultural que implica una concien-tización, un compromiso dentro de los marcos constitucionales, legales e internacionales y como tarea cotidiana, introducir dentro de los procedimientos jurisdiccionales, la perspectiva de género y así lograr la posibilidad de crear una ideal impartición de justicia.
“Hoy reconozco a las instituciones de impartición de justicia estatales la atención prestada a la convocatoria para la firma a este pacto de adhesión para incorporar la perspectiva de género, lo que propicia un compromiso de mejores prácticas en la misión de impartición de justicia.
Atendiendo que no se trata de proteger a la mujer ante todo, sino que se trata de verificar que si hay una situación que la pone en desventaja, se coloque en un mismo plano de igualdad y así juzgar si tiene o no razón. Es decir, el deber es juzgar bajo un equilibrio procesal que permita a mujeres y hombres estar en igualdad de circunstancias de acceso a la justicia, lográndose así un equilibrio procesal que mitigue las brechas de desigualdad existentes” finalizó.
