Me queda claro que la cuenta regresiva con miras al proceso electoral de 2018 ya inició. Ciertamente, para algunos posibles participantes ya lleva meses o años, en los que se han empeñado en dejar claras sus aspiraciones e intenciones políticas, con acciones y estrategias que hasta han sido calificadas por algunos como violatorias de un marco legal cada día más enredado y complejo.
Pese a los innegables avances de nuestra joven (y carísima) democracia, mucho queda por hacerse para perfeccionar el marco normativo electoral. Entre otras cosas, lo relacionado con esto que se da en llamar “el rayado de la cancha” que no es otra cosa que las normas y condiciones y modalidades en las cuales debe darse la competencia electoral.
Entre otras cosas, la definición y reglamentación, en su caso, de figuras como la segunda vuelta electoral o los gobiernos de coalición.
A mi parecer, son estos temas medulares que deben quedar tratados y resueltos (en un sentido o en otro) antes de que inicie formalmente el proceso electoral del 2018. Son de tal profundidad que bien pueden determinar, dadas las inéditas condiciones reinantes, quién será el ganador de la contienda presidencial, que se perfila con un muy elevado nivel de competencia e incertidumbre.
Como lo señalábamos la semana anterior, la fragmentación del voto ha traído como consecuencia que las elecciones sean ganadas por pequeños márgenes y con porcentajes muy menores a la mayoría de los votos emitidos, lo que amenaza frecuentemente a la gobernabilidad.
Es por ello que, así como ha surgido la propuesta de una posible segunda ronda para aminorar los riesgos de inestabilidad, ha sido frecuentemente mencionada, incluso por experimentados políticos mexicanos, la alternativa de recurrir a la conformación de un gobierno de coalición, modalidad de gobierno que se encuentra contemplada por nuestra legislación electoral y a la que, según lo determina la ley, puede acudir el presidente de la república en cualquier momento de su gobierno.
Ahora bien, como atinadamente lo ha advertido Raul Contreras en su última colaboración publicada en el diario Excelsior, esta figura suele confundirse con la de las coaliciones electorales, por lo que conviene establecer las diferencias entre ambas.
En el caso de las coaliciones electorales, estas se pactan previamente a las elecciones por dos o más partidos con el objeto de presentar un candidato común y por lo general lo que buscan es ganar así las elecciones en las que participen, dando poca o nula importancia a la implementación de políticas de gobierno comunes a ambos partidos y supuestamente contenidas en la plataforma electoral que han propuesto. Como quien dice, juntos, pero no revueltos.
Coincidiendo con Contreras, creo que se trata de estrategias y decisiones oportunistas que resultan efímeras y que no se traducen en verdaderos consensos ni en acciones concertadas por las fuerzas políticas participantes.
Un gobierno de coalición, por su parte, como lo señalábamos, puede ser convocado solamente por el presidente (no por los partidos) y lo que busca es gobernar conjuntamente con otra(s) fuerza(s) políticas, compartiendo principios, propósitos y posiciones en el gobierno resultante, lo que deseablemente daría más solidez a las decisiones tomadas y un mayor respaldo legislativo, ya que se prevé que los compromisos adoptados por los partidos que acepten formar una coalición, alcancen también a los legisladores que los representen en el congreso.
En ese entorno de fuerzas políticas fragmentadas, es indudable que cualquier acción o estrategia que tienda a generar consensos habrá de traducirse en beneficios para la mayoría de los mexicanos, independientemente del partido en que militen. A mi modo de ver, resultan indispensables para avanzar.
Ya en el pasado hemos podido corroborarlo, si analizamos diversas experiencias. En mi caso, en el gobierno de la ciudad de México del 1994 a 1997, pude constatar las virtudes de la apertura y la inclusión, ante el resultado que arrojó el haber invitado a Hector Valenzuela, militante del PAN a la contraloría general de gobierno, a Esperanza Gómez Mont (PAN) como delegada en Benito Juárez y a Alejandro Ordorica (PRD), como titular en Tlahuac.
Sin duda, tres mexicanos de primera que supieron estar a la altura de un reto que se presentaba por primera vez, demostrando las posibilidades que tenemos de convivir políticamente.
Tantas que permitieron llevar a cabo una reforma política que permitió la democracia plena n la ciudad o bien un Plan de Desarrollo Urbano, con visión a mas de 20 años, ambas por unanimidad.
Y ahí tenemos, en fecha más reciente, el resultado del Pacto por México, resultado también de la concertación política de voluntades y empeños, producto del cual se pudieron promover reformas que habrán de cambiar a México profundamente y para siempre…(espero).
Quizás si ese pacto hubiera incluido posiciones en el gabinete o la implementación conjunta con otras fuerzas, de políticas públicas, no hubiera sido boicoteado, como algo en lo que, según el parecer de políticos miopes, engordaba solo el caldo de Peña Nieto.
Como quien dice, que se hubiera buscado gobernar juntos pero revueltos.
Parece difícil que para el 2018 se haya reglamentado ya la figura del gobierno de coalición, pero sin duda para mí es una opción interesante que considerar en las estrategias, propuestas y programa político de algún(os) candidato(s) que nos devuelvan la esperanza en la política y sus hombres y mujeres.
Imaginemos a un candidato que se pretenda estadista y ofrezca que de ganar las elecciones propondría un gobierno de coalición. O sea, que vea más allá de sus narices. Diría mi compadre ¡Todo quieres, compadrito!