Indígenas desplazados por conflictos políticos en comunidades de cuatro municipios de Chiapas marcharon y establecieron un “plantón” por tiempo indefinido afuera del palacio estatal de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para reclamar retorno seguro e indemnización por pérdidas y daños patrimoniales.
Romeo Farrera Vicente, vocero de los inconformes, informó que algunos desplazados permanecen fuera del terruño desde 2009, como ocurre con ocho familias del ejido Cintalapa, en el municipio de Ocosingo, “así como cuatro mujeres violadas, por quienes los expulsaron”.
Por el hecho, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado aún no termina la integración de la averiguación previa 770/2009 por el delito de violación tumultuaria, subrayó. En la concentración se encuentran integrantes de 115 familias expulsadas por los presuntos “grupos paramilitares” Almetrach y Comach, de la colonia Santa Catarina de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en cuyo contexto violento fue asesinado el dirigente y profesor Juan Carlos Jiménez Velasco, el 24 de marzo de 2016.
El “plantón” lo integran además 10 familias del ejido Tenango, de Ocosingo, expulsados después del secuestro y daños a una pareja de 75 y 80 años, respectivamente, “incluidos nietos y bisnietos, quienes estuvieron retenidos sin alimentos.
La acción fue realizada por los agresores, que al final determinaron expulsarlos”, precisó Farrera Vicente. El retorno seguro y garantizado lo reclaman también 54 familias del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, que fueron echados de sus viviendas y parcelas, el 26 de mayo de 2016, tras las elección de la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, en medio de las disputas por el control del ayuntamiento.
En la manifestación están además se encuentran seis familias del municipio tzotzil de Zinacantán Farrera Vicente acusó que a 18 años de que los indígenas fueron desarraigados de sus comunidades, las autoridades de gobierno no cubren sus demandas como grupo vulnerable, según lo establecen la Constitución Federal, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas y los tratados internacionales al respecto, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, entre otros.
En este momento, dijo, la exigencia es una reunión del Consejo Estatal de Atención Integral de Desplazamiento Interno, y los representantes de la población desplazada, que corresponde de acuerdo con el artículo 22 de la ley sobre desplazados, para diseñar medidas necesarias y urgentes ys acordar una solución permanente.
El entrevistado expuso que los desplazados viven en condiciones de precariedad y el gobierno no ha garantizado sus derechos a la seguridad, salud, educación, vivienda, entre otros servicios básicos. Desde que dejaron sus poblados, denunció que las viviendas, los predios, los semovientes y los animales de corral fueron destruidos, reasignados y entregados a los agresores