Cosas de la Ciudad: La eliminación del fuero, en los tres Poderes del Estado y Ayuntamientos, será un hecho histórico en SLP

 

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  • Despacho Externo revisará las cuentas del 2016
  • Reforma Constitucional aprobada por unanimidad

Por: El Diablo Cojuelo

NO LO DEJARON.- Congreso dijo no a la pretendida intención del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, para controlar los órganos fiscalizadores del Estado, al rechazar la propuesta para que su ex Tesorero de Gobierno, José de Jesús Jiménez Hernández, fuera uno de los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
REPUDIO.- La autopropuesta de Jiménez Hernández fue rechazado en forma generalizada por los diferentes sectores de la sociedad, tan pronto se conoció que estaba siendo impulsando por Horacio Sánchez Unzueta. Entre los diputados se impuso la cordura y dejaron a un lado al peón del ex mandatario potosino.
LOS QUE QUEDARON.- La Comisión de Selección a la que le corresponderá nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción quedó integrada por las personas Arturo Antonio Saldierna Gómez (22 votos a favor), Ramón Rodríguez Pecina (21 votos a favor), Lorena Villareal Zárate (23 votos a favor), Nidia Carolina Rangel Valdivia (22 votos a favor) y Jaime Cantú Sánchez (23 votos a favor).
BARRERA AUSENTE.- Pues Manuel Barrera Guillen nuevamente brilló por su ausencia en la sesión extraordinaria de ayer, lo cual habla de la urgencia de que se renueve la Presidencia de la Mesa Directica del Congreso. Está claro que no se puede trabajar con un diputado que por temor al repudió de los potosinos, no acude a presidir las sesiones públicas legislativas, ni tampoco a sus oficinas y su presencia la quiere mantener a través de comunicados de prensa que le maneja alguno de los muchos “asesores” que le paga el Congreso o la ASE.
PARA QUE LA CUÑA APRIETE.– La diputada cetemista Esther Angélica Martínez Cárdenas, trató de vulnerar los derechos de los trabajadores al elaborar un proyecto de decreto que contiene reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, sin consultarlo y mucho menos consensarlo con las sindicatos burócratas. Esta fue la razón por la cual fue baja del orden del día de la sesión de ayer, más que las amenazas de manifestaciones dentro y fuera del Congreso por los integrantes del SUTSGE y SATGE.
MALESTAR.- Trascendió que en el Palacio Ejecutivo hubo malestar de su titular, por la falta de sensibilidad de la legisladora obrera, además de que apenas está saliendo el Congreso del escándalo de la corrupción, cuando ya se estaba abriendo un nuevo frente, ahora contra los cuatro sindicatos estatales, que vaya que se pintan sólo para manifestarse y realizar plantones, sino pregúntenle a “La Paca” Reséndiz. Obvio todo esto hubiera repercutido también en contra del Gobierno.
MORALEJA.- Pues la moraleja de esta iniciática, que está destinada a pasar a los archivos muertos del Poder Legislativo, es que no por contar con un sequito de “asesores”, hasta jefe personal de prensa, para que la maneje su imagen (¿cuál?), todos con cargo al erario del Poder Legislativo (privilegios que obtuvo en su efímero paso como presidenta de la Jucopo), se pueden elaborar buenas propuestas y menos sin consultarla y consensarla con los directos beneficiados o afectados, en este caso los trabajadores estatales.
REFORMA CONSTITUCIONAL.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas necesarias para transformar a la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía y para poder llevar a cabo los nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, y de Fiscal General del Estado, cargo que podría ocupar el actual Procurador General de Justicia del Estado Federico Garza Herrera.
HECHO HISTÓRICO.- La eliminación del fuero, en los tres Poderes del Estado y Ayuntamientos, será un hecho histórico en San Luis Potosí, en donde los diputados mantendrán la protección legislativa que les permite expresar sus opiniones o posicionamientos libremente desde la tribuna, asegurando con ello la libre expresión parlamentaria.