Nunca antes los periodistas y los activistas por los derechos humanos en Sudán del Sur habían estado tan en el punto de mira del gobierno de Juba.
Cierres de periódicos y radios, detenciones arbitrarias y torturas son sólo algunas de las consecuencias para aquellos que se atreven a disentir públicamente del poder en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, asolado desde hace casi cuatro años por una sangrienta guerra civil.
Las autoridades que controlan los medios de comunicación en Sudán del Sur han prohibido recientemente la entrada al país a una veintena de periodistas extranjeros, acusándolos de propaganda contra el gobierno y de difundir información falsa.
No tardó mucho en hacerse oír el director del periódico independiente Juba Monitor, Alfred Taban, que destaca por su defensa de la libertad de información y que preside la Asociación para el Desarrollo de los Medios en Sudán del Sur (AMDISS).
«La ley que instituyó la Autoridad para la Comunicación -reza una nota del director- no da a este organismo el poder de negar visados a los periodistas que escriben artículos críticos con el gobierno. La decisión tendrá un impacto negativo en el país, que continúa reprimiendo indiscriminadamente la libertad de información».
Elijah Alier, responsable del Departamento para la Comunicación de Juba, ha respondido diciendo a los medios locales que «los periodistas bandidos habían escrito artículos llenos de historias totalmente infundadas y peligrosas, ya que pueden incitar al odio y la violencia».
Y ha precisado que algunos de estos periodistas «ni siquiera han venido nunca a Sudán del Sur, un país que merece el debido respeto».
Según Alier, la autoridad que dirige ha dado más de 200 permisos a periodistas extranjeros para trabajar en Sudán del Sur, a los que ha garantizado la libertad de informar también sobre temas de actualidad como la guerra civil, la corrupción y el hambre, «siempre y cuando el tratamiento de estos argumentos está bien fundado».
Dejando a un lado las declaraciones oficiales, que los medios de comunicación extranjeros y locales están en el punto de mira lo demuestran una larga serie de inquietantes incidentes como la expulsión, en diciembre pasado, de Justin Lynch, un periodista de Associated Press, acusado de haber criticado al gobierno.
En noviembre, se dio el cierre temporal e inmotivado de los servicios de seguridad de Radio Eye; en septiembre, el cierre injustificado del periódico Nation Mirror por voluntad de la Autoridad para la Comunicación.
En julio, la detención de Michael Christopher, director del periódico independiente en lengua árabe Al-Watan, por haber criticado ciertas decisiones del presidente Salva Kiir Mayardit; incluso el Juba Monitor ha sido cerrado en varias ocasiones, en las que han detenido siempre a Alfred Taban.
Además hay que recordar que en su Global Impunity Index 2016, el Committe to Protect Journalists posiciona a Sudán del Sur entre los primeros cinco países del mundo donde periodistas han sido asesinados impunemente.
El estudio especifica que en enero de 2015 al menos cinco periodistas fueron brutalmente asesinados, y sus cuerpos quemados. Todos estaban en un convoy organizado por políticos de la oposición y, como era de esperar, los culpables de este crimen nunca han sido llevados ante la justicia.
Victor Keru Wani es el jefe de redacción del diario This Day, una de las pocas cabeceras todavía activas en el país. Lógicamente, habla con mucha cautela de la situación de la prensa local y recuerda la época en la que el país aún no era independiente.
«Entonces no había medios de comunicación independientes. Había censura y tenías que escribir siempre noticias a favor del gobierno. De lo contrario, te detenían o te mantenían alejado de la profesión periodística», señala.
Al preguntarle si tal situación se está repitiendo hoy en Sudán del Sur, Keru Wani dibuja una media sonrisa y continúa: «Con la independencia surgieron medios de comunicación privados. En un primer momento el gobierno no controlaba mucho sus actividades».
«Pero entonces, con los acontecimientos políticos y la guerra civil, los medios de comunicación se convirtieron en cada vez más críticos, y por eso el gobierno emitió una estricta ley que delimita la libertad de expresión», añade.
Pero no sólo los que trabajan con la información se han convertido en un blanco para el gobierno. Las condiciones son también muy duras para los activistas por los derechos humanos.
Lo sabe perfectamente Peter Gerang Prior, estudiante universitario de economía, que fue detenido el 8 de mayo por haber participado en una manifestación pacífica en el centro de la capital.
«En Sudán del Sur expresar desacuerdo se considera un delito. Salí a las calles junto con otros colegas para pedir a las partes implicadas en la guerra más esfuerzos para poner fin a la violencia. Eso fue todo. Me metieron en una celda de un metro por dos junto con otros diez chicos. No podíamos acostarnos, solo podíamos estar sentados. Y eso durante siete días», relata.
«No podíamos salir al cuarto de baño -continúa-, no estaba permitido. Tenías que orinar en un recipiente de vidrio. Durante todo el tiempo de mi estancia en la cárcel para presos políticos no defequé. No quería hacerlo delante de los guardias en el patio, como querían ellos para humillarnos».
«Habría preferido morir antes que hacerlo. Entonces, de repente, sin dejarnos hablar con un abogado y sin un juicio, nos liberaron. Nos llaman rebeldes porque nos manifestamos en la calle. Pero no somos rebeldes, expresar nuestra opinión es un derecho constitucional», refiere.
«En Sudán del Sur -explica Reech Malual, abogado y director de la ONG Screen of Rights- ya no existe el concepto de libertad. Si un determinado derecho constitucional está garantizado en el papel, en la realidad las cosas no son así».
«Y nosotros, los activistas, no tenemos a nadie a quien pedir ayuda. Tenemos miedo de las repercusiones contra nosotros y nuestras familias. Siempre nos sentimos en peligro, pero sin embargo no renunciamos a lo que hacemos. En todo el mundo los activistas se enfrentan a desafíos, pero no al mismo nivel que en Sudán del Sur, os lo aseguro», menciona.
Desde julio de 2011, cuando Sudán del Sur se independizó de Jartum, en el país han sido asesinados una docena de periodistas, pero las represalias de verdad del gobierno comenzaron con el estallido del conflicto, en diciembre de 2013.
Desde entonces los ataques a la libertad de prensa y de expresión se perpetúan con mucha frecuencia, como lo demuestran los redactores locales que viven en un clima repleto de censura, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y detenciones prolongadas.
La AMDISS de Alfred Taban y otras asociaciones han expresado su preocupación por el alarmante nivel de impunidad de los crímenes contra los trabajadores de los medios.
En 2016 cinco de las siete instituciones de Sudan del Sur que protegían a los medios de comunicación fueron desmanteladas y cuatro periodistas fueron secuestrados y torturados, mientras que muchos otros se vieron obligados a abandonar un país que no ve con buenos ojos la libertad de expresión y la pluralidad de los medios de comunicación.